La Fundación Barbechando reunió a legisladores nacionales de distintos espacios políticos para analizar los principales desafíos del sector agropecuario. La carga tributaria, el saldo técnico del IVA y los recursos destinados a infraestructura y logística estuvieron entre los ejes centrales del encuentro.
De cara a la presentación y discusión del Presupuesto Nacional 2027, la Fundación Barbechando realizó una jornada informativa con legisladores nacionales de distintos espacios políticos, con el objetivo de acercar información técnica sobre las principales problemáticas que atraviesan al sector agropecuario.
Entre los temas abordados estuvieron la infraestructura vial, la logística y el transporte de cargas, la educación y la innovación, además de la presión impositiva que soporta la actividad. El encuentro buscó aportar elementos para el debate parlamentario y plantear la necesidad de políticas públicas que contemplen las particularidades de la producción agropecuaria.
El Presupuesto Nacional constituye una herramienta central para definir las prioridades del Estado, ordenar los recursos disponibles y establecer las áreas que tendrán mayor atención durante el próximo ejercicio. En ese marco, desde Barbechando plantearon que las decisiones presupuestarias tienen un impacto directo sobre la competitividad y la rentabilidad de las distintas cadenas productivas.
La presión impositiva, en el centro del debate
Uno de los principales ejes de la jornada fue la carga tributaria que afronta el campo. De acuerdo con el último Índice FADA citado durante el encuentro, el 62% de la renta agrícola se destina al pago de impuestos, considerando los distintos niveles jurisdiccionales: nacional, provincial y municipal.
Antonela Semadini, economista de FADA, explicó que dentro de esa estructura tributaria tienen especial incidencia los impuestos no coparticipables.
Según los datos presentados, de cada hectárea agrícola, apenas el 8% del resultado económico queda como ganancia para el productor, mientras que el 30% corresponde al alquiler de la tierra y el resto se destina a impuestos y otros componentes de la estructura productiva.
La presión tributaria también presenta diferencias según el cultivo. En trigo se ubica cerca del 74%, mientras que alcanza aproximadamente el 68% en girasol, 62% en soja y 60% en maíz.
El costo oculto del saldo técnico del IVA
Durante la jornada también se puso el foco sobre componentes de la estructura impositiva que, según los especialistas, no siempre quedan reflejados en los cálculos tradicionales de presión tributaria.
El contador tributarista Mariano Echegaray Ferrer señaló particularmente el impacto del saldo técnico del IVA, el saldo de libre disponibilidad y los costos asociados a la gestión administrativa.
El saldo técnico se genera, entre otros factores, por las características propias de la actividad agropecuaria. El sector afronta una alícuota de IVA del 21% sobre buena parte de sus insumos, mientras que la venta de granos tributa una tasa del 10,5%. A esto se suman la estacionalidad productiva, las necesidades de financiamiento del capital de trabajo y las inversiones en bienes de capital.
Como consecuencia, se acumulan créditos fiscales que pueden permanecer inmovilizados durante períodos prolongados.
De acuerdo con un relevamiento de CREA citado durante la exposición, el saldo técnico promedio alcanzaría los $36.500 por hectárea. En el caso de la agricultura extensiva, esto representaría alrededor de US$770 millones inmovilizados al cierre de la campaña 2025/26, equivalente al 7% del gasto total de implantación y desarrollo de cultivos de una campaña.
Una partida presupuestaria que perdió poder de compra
Otro de los puntos señalados estuvo relacionado con el mecanismo previsto para devolver los saldos vinculados con inversiones en bienes de capital.
Según lo expuesto durante la jornada, la partida presupuestaria destinada a este mecanismo pasó de $15.000 millones en 2019, equivalentes en aquel momento a unos US$394 millones, a $30.000 millones en 2026, unos US$21 millones al tipo de cambio utilizado en el análisis.
De esta manera, aunque el monto se duplicó nominalmente en pesos, perdió más del 90% de su poder de compra medido en dólares.
Echegaray Ferrer advirtió que, tomando como referencia la inversión en maquinaria agrícola durante el primer semestre de 2026, estimada en $1.381.300 millones, los recursos presupuestados no alcanzarían a cubrir el 20% de la inmovilización de saldos de IVA señalada durante la exposición.
El saldo de libre disponibilidad
A esta problemática se suma el denominado saldo de libre disponibilidad. Según se explicó, cuando un productor realiza una venta, el comprador puede efectuar una retención de entre el 5% y el 8% del IVA, dependiendo de su situación o estado de riesgo fiscal dentro del sistema SISA.
El reintegro de esas retenciones puede producirse, en el mejor de los casos, hasta 75 días después, lo que genera una nueva inmovilización de recursos para las empresas agropecuarias.
Ante esta situación, una de las propuestas planteadas durante la jornada fue transformar el saldo técnico del IVA en un bono que pueda utilizarse como garantía para acceder a financiamiento, en lugar de mantener esos recursos inmovilizados durante largos períodos.
El debate que llega al Presupuesto 2027
Desde Barbechando señalaron que la discusión del Presupuesto 2027 representa una oportunidad para incorporar estos temas a la agenda del Congreso Nacional y avanzar en propuestas vinculadas con la estructura tributaria del sector.
La organización planteó la necesidad de profundizar el diálogo entre legisladores y representantes de las distintas cadenas productivas, con el objetivo de aportar información técnica para el tratamiento de las problemáticas que afectan la competitividad agropecuaria.
En ese marco, la entidad sostuvo que una reforma impositiva integral para el sector agropecuario constituye uno de los desafíos centrales para mejorar las condiciones de producción y competitividad.
De la jornada participaron los legisladores nacionales Martín Ardohain (PRO-La Pampa), Joaquín Benegas Lynch (LLA-Entre Ríos), Emmanuel Bianchetti (PRO-Misiones), Francisco Morchio (LLA-Entre Ríos), Luis Picat (LLA-Córdoba), Alejandra Torres (Provincias Unidas-Córdoba), Javier Sánchez Wrba (PRO-Buenos Aires), Silvana Schneider (UCR-Chaco) y Eduardo Falcone (MID-Buenos Aires).