El oficialismo debió postergar el tratamiento del proyecto que busca elevar los cortes obligatorios de biodiésel y bioetanol. Aunque la iniciativa había obtenido dictamen en comisión, La Libertad Avanza no logró reunir los apoyos necesarios para llevarla al recinto.
Las Pymes bonaerenses del sector advierten que los cambios podrían favorecer a las grandes plantas santafesinas y poner en riesgo la continuidad de empresas de menor escala.
El oficialismo no logró reunir los votos necesarios en el Senado para avanzar con el proyecto que propone modificar el régimen de producción de biocombustibles, una iniciativa que genera un fuerte rechazo entre las Pymes bonaerenses del sector.
La falta de respaldo obligó a postergar la sesión que estaba prevista para este jueves, en la que La Libertad Avanza pretendía llevar el proyecto al recinto junto con algunos bloques de la oposición dialoguista.
La iniciativa, impulsada por la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, había obtenido dictamen la semana pasada y todo indicaba que sería tratada en la Cámara alta. Sin embargo, diferencias internas impidieron reunir los respaldos necesarios y llevaron a suspender la reunión de labor parlamentaria prevista para esta tarde y, posteriormente, la sesión del jueves, de acuerdo con lo informado por la agencia DIB.
“Los que empujan el proyecto no terminaron juntando los votos”, señalaron desde el oficialismo para explicar la postergación del tratamiento.
La definición estaría vinculada principalmente con las posiciones de las senadoras de provincias productoras de azúcar y bioetanol, que serían, en principio, algunas de las principales beneficiadas por los cambios propuestos.
Entre ellas se encuentran las peronistas Flavia Royón, de Salta, y Carolina Moisés, de Jujuy, ambas vinculadas al gobernador Gustavo Sáenz, además de Beatriz Ávila, de Tucumán, alineada con el mandatario provincial Osvaldo Jaldo. Las tres habían acordado con Bullrich avanzar con modificaciones al régimen vigente de biocombustibles.
La disputa por el mercado del biodiésel
Más allá de la discusión política, el proyecto abrió una fuerte controversia entre las empresas del sector por la distribución del mercado que se generaría con el aumento de los cortes obligatorios, especialmente en el caso del biodiésel.
Las empresas que no están integradas a grandes cadenas productivas —entre ellas numerosas pequeñas y medianas empresas— sostienen que necesitan una mayor protección para poder competir frente a compañías de mayor escala, con capacidad de exportación y una estructura productiva más grande.
El proyecto establece que, al cumplirse un año de la sanción de la ley, el corte obligatorio de biodiésel en el gasoil pasaría del 7,5% al 10%, mientras que el bioetanol incorporado a las naftas subiría del 12% al 15%.
El dictamen aprobado en comisión propone, en ese sentido, un nuevo marco regulatorio para los biocombustibles. Para el bioetanol establece elevar el corte obligatorio al 15%, con una distribución entre la producción de caña de azúcar, maíz y un tramo sujeto a competencia. En el caso del biodiésel, plantea llevar progresivamente el corte al 10%.
Además, incorpora límites a la concentración empresarial, habilita mecanismos de contratación más abiertos y busca generar previsibilidad de largo plazo para las inversiones vinculadas con la producción de biocombustibles.
Sin embargo, el reparto de ese mercado ampliado es precisamente uno de los principales puntos de conflicto.
Pymes bonaerenses, en alerta
Las empresas productoras de biodiésel radicadas en la provincia de Buenos Aires cuestionan que la nueva regulación pueda terminar beneficiando principalmente a las plantas ubicadas en Santa Fe, que cuentan con una mayor escala productiva y, en muchos casos, están vinculadas a compañías con fuerte presencia en el mercado exportador.
Desde el sector bonaerense advierten que, si se aprueban los cambios en los términos planteados, las empresas santafesinas quedarían en una posición mucho más favorable para captar el mercado adicional generado por el incremento del corte obligatorio.
Las Pymes bonaerenses, muchas de las cuales dependen actualmente del cupo obligatorio para sostener su actividad, consideran que quedarían en una situación de desventaja frente a los grandes productores.
La preocupación es que el incremento de la demanda de biodiésel no se traduzca necesariamente en una mayor actividad para las empresas de menor escala, sino que termine concentrándose en las plantas de mayor capacidad productiva.
Por ese motivo, las Pymes del sector sostienen que cualquier modificación del régimen debe contemplar mecanismos que garanticen condiciones de competencia y eviten una mayor concentración de la producción.
Con el proyecto momentáneamente fuera del recinto, la discusión queda abierta. El oficialismo deberá ahora reconstruir acuerdos dentro de la Cámara alta para intentar avanzar con una reforma que, aunque logró consenso en comisión, todavía no cuenta con los votos necesarios para convertirse en ley.