El Decreto 514/2021 representó un hito histórico para el trabajo rural en la Argentina, al eliminar uno de los principales obstáculos que desalentaban la registración laboral en el sector: la pérdida de los planes sociales al acceder a un empleo formal.
Esta medida permitió compatibilizar el trabajo rural temporario con la percepción de programas sociales, brindando un marco de inclusión y protección que favoreció tanto a los trabajadores como a las economías regionales.
Durante los cuatro años en que estuvo vigente, el decreto significó un avance sustancial en la lucha contra la informalidad, permitiendo que miles de familias rurales pudieran acceder al empleo registrado sin poner en riesgo su sustento. En ese período, se fortaleció la seguridad social de los trabajadores temporarios y migrantes, sectores históricamente vulnerables por la naturaleza estacional de las actividades rurales como la cosecha, el empaque o la logística agroindustrial.
La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), bajo la conducción de su secretario general, José Voytenco, expresó su profunda preocupación por la caducidad del decreto, ocurrida el 30 de septiembre de 2025. La organización sostiene que su vencimiento genera un retroceso en materia de derechos laborales y en los esfuerzos por formalizar el empleo en el ámbito rural. En este contexto, el 22 de agosto de 2025, UATRE solicitó formalmente ante el Ministerio de Capital Humano, encabezado por la ministra Sandra Pettovello, la prórroga del Decreto 514/2021, con el respaldo del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE).
Desde la entidad gremial remarcan que la continuidad de esta política pública es esencial para promover un trabajo formal, digno y decente, y para romper con el círculo de precarización e informalidad que afecta a amplios sectores del campo argentino. Según la UATRE, su caída genera incertidumbre en las familias rurales y en los productores, ya que impacta directamente en la disponibilidad de mano de obra registrada y en la estabilidad de las economías regionales, que dependen de trabajadores temporarios para sostener la productividad durante las temporadas de cosecha y los distintos ciclos productivos.
Además, destacan que la compatibilidad entre el trabajo registrado y las prestaciones sociales no constituye un privilegio, sino una política de equidad que reconoce la particularidad del trabajo rural, caracterizado por su estacionalidad y por las dificultades estructurales que enfrentan los trabajadores migrantes y temporarios para mantener ingresos constantes a lo largo del año. Este enfoque permitió fortalecer la protección social, aumentar la registración laboral y mejorar la trazabilidad del empleo en sectores como la fruticultura, la vitivinicultura, la horticultura y la producción de granos.
En distintos ámbitos institucionales —como el Senado de la Nación, donde la senadora Nora Giménez convocó a un debate sobre el tema, y la reunión mantenida con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el marco del RENATRE—, el secretario general de la UATRE reiteró la necesidad urgente de que el Estado adopte medidas para restituir esta compatibilidad. “No se trata solo de una herramienta administrativa —expresó Voytenco—, sino de una política que transforma realidades, brinda previsibilidad y permite que los trabajadores rurales puedan proyectar su vida con derechos”.
Finalmente, desde UATRE y RENATRE subrayan que seguirán insistiendo ante las autoridades nacionales para que esta herramienta no se pierda y se restablezca cuanto antes. “Garantizar la compatibilidad entre trabajo registrado y prestaciones sociales —afirman— es garantizar la dignidad, la equidad y el reconocimiento de quienes, con su esfuerzo diario, sostienen la producción agropecuaria y alimentaria del país.”