La reciente eliminación de retenciones a los granos generó un fuerte malestar en distintos sectores del agro, principalmente porque la medida fue percibida como limitada en alcance y beneficiaria de manera desigual.
La resolución, que establecía un cupo de USD 7.000 millones, se agotó en apenas tres días desde su anuncio, mucho antes de la fecha límite prevista para el 31 de octubre. Este agotamiento rápido del cupo generó cuestionamientos sobre quiénes fueron realmente los beneficiarios de la medida y si los productores más pequeños tuvieron alguna oportunidad de acceder a los beneficios.
Entidades representativas del sector, como Federación Agraria Argentina y la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), expresaron su preocupación por la situación, señalando que grandes empresas agropecuarias habrían acaparado el cupo, dejando a los productores individuales sin poder aprovechar la reducción de retenciones. Desde el punto de vista de los medios especializados, el problema radica en que la medida terminó favoreciendo “a unos pocos” y no a la amplia base de pequeños y medianos productores que sostienen buena parte de la economía agroindustrial del país.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó que la meta de USD 7.000 millones se había alcanzado rápidamente, haciendo que el plazo original hasta octubre resultara innecesario. En consecuencia, la política de retenciones volvió a enfocarse únicamente en exportaciones de carnes bovinas y avícolas, que permanecen con un 0% hasta el 31 de octubre, según lo estipula el Decreto 685/2025 publicado en el Boletín Oficial.
Este episodio pone de relieve la dificultad del Estado para implementar políticas que beneficien de manera equitativa a todos los actores del sector agropecuario, sobre todo en un contexto de concentración de la producción y fuerte influencia de grandes empresas en los mercados de granos y carnes. Además, el rápido agotamiento del cupo evidencia la necesidad de mecanismos más precisos de control y distribución para evitar que los recursos públicos se concentren en manos de unos pocos. La situación también reabre el debate sobre la eficiencia de las medidas fiscales temporales y cómo estas impactan en la planificación y la economía de los productores de menor escala.