El Gobierno provincial informó que durante los últimos dos años se ordenó la ocupación del 65% de las tierras fiscales de Entre Ríos. La medida permitió formalizar usos, generar recursos para el Estado y avanzar en el control de un patrimonio público que durante años permaneció ocupado de manera irregular.
El Gobierno de Entre Ríos, a partir de una decisión impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio, avanza en un proceso de recuperación y ordenamiento de las tierras fiscales de la provincia, con el objetivo de fortalecer la administración del patrimonio estatal, formalizar las ocupaciones existentes y generar recursos a partir del uso de esos inmuebles.
De acuerdo con la información oficial, durante los últimos dos años se logró regularizar la ocupación de aproximadamente el 65 por ciento del total de la superficie de tierras fiscales de Entre Ríos, equivalente a unas 124.000 hectáreas.
El proceso se llevó adelante mediante el programa de Regularización de la Ocupación de las Tierras Fiscales, que contempla el otorgamiento de permisos onerosos de uso de suelo. De esta manera, ocupaciones que durante años se desarrollaron de manera clandestina o irregular comenzaron a ser formalizadas, permitiendo al Estado provincial conocer con mayor precisión el destino de sus tierras y obtener ingresos por su utilización.
Según se explicó desde el Gobierno entrerriano, al momento de asumir la actual gestión, prácticamente la totalidad de las tierras fiscales se encontraba ocupada de manera irregular o clandestina. Existía un limitado control sobre el patrimonio y, en consecuencia, esos inmuebles tampoco generaban los recursos que podrían aportar a las arcas provinciales.
Una parte significativa de estas tierras se encuentra ubicada en la zona del Delta del Paraná, principalmente en los departamentos Gualeguay y Victoria, donde la extensión del territorio fiscal adquiere una particular relevancia productiva y económica.
Una nueva etapa de administración
El proceso de regularización comenzó a adquirir una nueva dimensión con la creación de la Agencia Administradora de Bienes de la Provincia de Entre Ríos (Aabiper), organismo impulsado por la actual gestión con la finalidad de fortalecer la administración y puesta en valor de los bienes pertenecientes al Estado provincial.
La agencia tiene entre sus principales objetivos avanzar hacia la regularización de la totalidad de las tierras fiscales entrerrianas y establecer mecanismos de gestión que permitan conocer el patrimonio disponible, evaluar su potencial y administrar su utilización bajo criterios de transparencia y eficiencia.
Las distintas líneas de acción de la Aabiper son coordinadas desde la Secretaría General de la Gobernación, desde donde se acompaña el desarrollo de las políticas vinculadas con el patrimonio inmobiliario provincial.
En este marco, el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, destacó la importancia de recuperar y ordenar estos espacios que forman parte del patrimonio de todos los entrerrianos.
“Recuperar 124.000 hectáreas de tierras fiscales significa recuperar patrimonio que pertenece a todos los entrerrianos. Es parte de una decisión de ordenar el Estado, saber qué bienes tiene, cómo se administran y garantizar que estén puestos al servicio del desarrollo de la provincia”, señaló.
Colello también cuestionó la falta de control existente durante años sobre estos bienes y remarcó que el objetivo de la actual administración es avanzar hacia un Estado con mayor capacidad de control y gestión.
“Durante muchos años hubo falta de control y de información; hoy estamos avanzando hacia un Estado que cuida y defiende lo que es de todos”, sostuvo.
Relevamiento de 200 lotes provinciales
Como parte de esta nueva etapa, la Aabiper proyecta realizar un relevamiento e inventario detallado de aproximadamente 200 lotes de propiedad provincial.
El objetivo es obtener información precisa sobre las características productivas de cada inmueble, su potencial económico y su valor locativo. La intención es que esos datos permitan establecer valores más ajustados a la realidad al momento de determinar los permisos de uso oneroso.
El presidente de la Aabiper, Eduardo Asueta, explicó que hasta el momento no existe información suficientemente detallada sobre las características individuales de cada uno de los inmuebles fiscales.
“En estos últimos dos años el equipo de Tierras Fiscales y de la Unidad de Control de Inmuebles hizo un gran trabajo, y queremos potenciarlo”, afirmó.
En ese sentido, señaló que el relevamiento permitirá conocer las particularidades productivas y económicas de cada lote y mejorar los criterios utilizados para establecer los cánones correspondientes.
“Hoy carecemos de esa información y en consecuencia el costo de los permisos de uso se determina por criterios generales que no son del todo precisos y en muchos casos no se ajustan a la realidad”, explicó Asueta.
A su entender, esta situación genera un subaprovechamiento del patrimonio fiscal, ya que el Estado no cuenta con todas las herramientas necesarias para determinar el verdadero valor de los inmuebles que administra.
Transparencia en el uso de las tierras públicas
Además de la regularización y el relevamiento, uno de los objetivos centrales de la nueva agencia es establecer un sistema transparente y público para la administración de la propiedad inmueble provincial.
La propuesta apunta a que la ciudadanía pueda conocer qué bienes pertenecen al Estado, cuál es su situación y de qué manera son utilizados.
Asueta remarcó que las tierras fiscales constituyen propiedad pública y, por lo tanto, deben ser administradas priorizando el interés general.
“Tenemos muy en claro que se trata de propiedad pública que debe ser administrada en función del interés del conjunto de los entrerrianos, y para eso precisamos saber a ciencia cierta el potencial de cada inmueble”, manifestó.
El funcionario también anticipó que se trabaja en mecanismos que permitan garantizar condiciones de igualdad para quienes pretendan acceder al uso de estas tierras.
La intención es que los contratos de uso oneroso puedan desarrollarse bajo procedimientos públicos y transparentes, permitiendo que distintos interesados tengan la posibilidad de participar y competir en igualdad de condiciones.
“Queremos que cada entrerriano sepa qué se hace con cada inmueble de la provincia, y que, además, todos por igual puedan participar y compulsar en los contratos de uso oneroso del suelo. La transparencia es la garantía de una administración sana y saludable”, concluyó Asueta.
De esta manera, el Gobierno de Entre Ríos plantea una política que combina regularización, control, generación de recursos, conocimiento del patrimonio y transparencia, con la meta de que la totalidad de las tierras fiscales provinciales pueda quedar incorporada a un esquema de administración formal y eficiente.