Disputas familiares, fuertes niveles de endeudamiento, concursos preventivos, conflictos societarios y denuncias penales atraviesan a algunas de las bodegas y organizaciones más reconocidas de Mendoza.
Los casos de Zuccardi, Bianchi, Norton, Fecovita y Monteviejo muestran las distintas dificultades que enfrenta una industria acostumbrada a construir negocios y patrimonios durante generaciones.
La vitivinicultura mendocina suele asociarse con las postales de los viñedos al pie de la Cordillera, las grandes bodegas y las etiquetas que lograron posicionarse en los principales mercados internacionales. Sin embargo, detrás de esa imagen existe otra realidad que en los últimos años comenzó a hacerse visible: los conflictos empresariales, financieros, societarios y familiares que terminaron en los tribunales.
No se trata necesariamente de una crisis generalizada de la actividad, pero sí de una serie de situaciones que reflejan un cambio en las estructuras tradicionales del negocio vitivinícola.
Empresas familiares con patrimonios construidos durante décadas, cooperativas que reúnen a miles de productores, sociedades con capitales internacionales y reconocidas bodegas quedaron involucradas en expedientes de distinta naturaleza.
En algunos casos, el eje está puesto en las sucesiones y el reparto del patrimonio. En otros, en el endeudamiento y la necesidad de evitar una quiebra. También existen investigaciones por presuntas maniobras fraudulentas, disputas comerciales millonarias y conflictos por el control de compañías.
Cinco expedientes permiten observar distintas caras de esta transformación.
Zuccardi: una disputa familiar que llegó a la Corte Suprema
Uno de los conflictos sucesorios de mayor impacto en la vitivinicultura mendocina tiene como protagonista a la familia Zuccardi.
El origen de la disputa se encuentra en una distribución anticipada de bienes realizada a comienzos de la década de 1990 por los fundadores Alberto Victorio Zuccardi y Ema Cartellone.
En aquella división patrimonial, José Alberto Zuccardi quedó con la participación mayoritaria en La Agrícola S.A., sociedad que posteriormente se transformaría en el principal núcleo del negocio vitivinícola familiar.
Sus hermanas, María Cristina y Ema Inés, quedaron vinculadas a otras sociedades y recibieron, además, compensaciones diferidas expresadas en litros de vino blanco.
Con el paso de los años, aquella distribución se convirtió en el centro de una disputa judicial.
En 2018, cuatro años después del fallecimiento del fundador, María Cristina Zuccardi inició una demanda al considerar que se había vulnerado su porción legítima de la herencia.
El conflicto tuvo un giro decisivo en agosto de 2024, cuando la Suprema Corte de Justicia de Mendoza revocó dos decisiones anteriores y condenó a José Alberto Zuccardi a pagarle a su hermana una suma de US$ 12 millones más intereses.
El fallo incorporó además una perspectiva de género y consideró que en la distribución patrimonial existió una postergación relacionada con estereotipos que habrían privilegiado al hijo varón en el manejo de la principal empresa familiar.
Pero el expediente todavía no está cerrado.
José Zuccardi llevó el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante un recurso de queja que el máximo tribunal aceptó analizar.
La disputa patrimonial también tuvo una derivación penal. María Cristina Zuccardi denunció una presunta insolvencia fraudulenta y sostuvo que se habrían realizado operaciones patrimoniales destinadas a dificultar el cumplimiento de la condena civil.
En esa investigación, José Zuccardi fue sobreseído, aunque la resolución fue apelada tanto por el Ministerio Público Fiscal como por la querella.
El caso representa, además, una discusión que excede al negocio vitivinícola: qué sucede con los patrimonios empresariales construidos durante generaciones cuando las decisiones tomadas dentro de una familia comienzan a ser revisadas judicialmente décadas después.
Bianchi: una reestructuración para evitar el concurso
El escenario es diferente en Bodegas Bianchi, pero el denominador común vuelve a ser la presión sobre una estructura empresarial tradicional.
La firma, fundada en San Rafael en 1928, continúa bajo control de la familia fundadora y enfrenta uno de los momentos financieros más complejos de su historia.
El nivel de endeudamiento llevó a la compañía a buscar una alternativa al concurso preventivo mediante una reestructuración privada con sus acreedores.
El pasivo bancario consolidado llegó a ubicarse entre $17.000 y $18.500 millones, distribuido entre más de una docena de entidades financieras.
A esa situación se sumaron más de 200 cheques rechazados por un monto superior a $1.600 millones, de acuerdo con los registros del Banco Central.
La estrategia elegida fue negociar con los principales acreedores antes de llegar a los tribunales.
En junio pasado, la empresa consiguió que las entidades financieras más importantes adhirieran a un acuerdo de standstill, mediante el cual se establece una tregua temporal para suspender determinadas acciones de cobro mientras se negocia una reestructuración de la deuda.
La búsqueda de liquidez también implicó decisiones sobre los activos de la compañía. Entre ellas estuvo la venta de una finca histórica ubicada en San Rafael y la intervención de sociedades de garantía recíproca que habían respaldado parte de sus Obligaciones Negociables PyME.
El proceso también tuvo impacto sobre la estructura laboral.
La empresa desvinculó a 17 trabajadores y puso en marcha un programa de retiros voluntarios, en un contexto en el que la dotación llegó a superar los 300 empleados en otros períodos.
Pese a la situación financiera, la conducción de Bianchi sostiene que la producción, la actividad comercial y las exportaciones continúan con normalidad.
El caso muestra otra de las tensiones que enfrenta la industria: compañías con activos, marcas y trayectoria que, aun manteniendo su capacidad productiva, deben afrontar estructuras financieras cada vez más difíciles de sostener.
Norton: un concurso millonario con derivación penal
La situación de Bodega Norton adquirió una dimensión particularmente significativa por el tamaño de la compañía y su peso dentro de la industria exportadora.
Fundada en 1895 por Edmund James Palmer Norton y adquirida en 1989 por el grupo austríaco Swarovski, la bodega llegó a ubicarse entre las principales exportadoras de vino de la Argentina.
Por eso, la formalización de su concurso preventivo de acreedores a fines de octubre de 2025 generó un fuerte impacto en el sector.
La compañía ingresó al proceso con un pasivo verificado que, según las estimaciones incorporadas al expediente, se ubica entre US$ 30 millones y US$ 45 millones.
La nómina supera los 450 acreedores, entre los que aparecen proveedores de uva, empresas de servicios, empacadoras, operadores logísticos y entidades bancarias.
A esto se sumaron más de 355 cheques rechazados, por aproximadamente $4.530 millones.
La crisis financiera está acompañada por un conflicto societario que se profundizó luego del fallecimiento, en 2021, del empresario austríaco Gernot Langes-Swarovski, accionista principal de la compañía.
Dos años después, la fundación europea que controla el 60% de las acciones desplazó de la conducción ejecutiva a Michael Halstrick, quien posee el 40% restante y había ejercido como CEO de Norton durante aproximadamente tres décadas.
Su salida derivó en un reclamo judicial por una indemnización laboral y societaria estimada entre US$ 12 millones y US$ 15 millones.
Ese crédito constituye el mayor reclamo individual dentro del concurso.
Una investigación penal paralela
El expediente Norton tiene además una derivación penal.
La Fiscalía de Delitos Económicos imputó a tres directivos de la bodega y a un representante de la SGR Acindar Pymes por una presunta maniobra defraudatoria.
La investigación se concentra, entre otros puntos, en seis cheques por $955 millones que Norton emitió a favor de la Cooperativa Vitivinícola San Carlos Sud un día antes de solicitar el concurso.
Los documentos estaban destinados a cancelar una deuda vinculada con la compra de vino.
La hipótesis de la Fiscalía apunta a determinar si esa operación pudo haber mejorado la posición de Acindar frente a la inminencia del concurso y, al mismo tiempo, perjudicado a la cooperativa.
Desde Norton rechazaron cualquier irregularidad y señalaron que el proceso de reorganización avanza conforme a lo previsto.
El concurso, en tanto, todavía tiene un extenso recorrido.
De acuerdo con el cronograma establecido por la sindicatura, en octubre de 2026 se presentará el informe general de deudas. En febrero de 2027 se determinará el pasivo consolidado y entre abril y septiembre de ese año se abrirá el período de exclusividad para votar la propuesta de pago a los acreedores.
Fecovita e Iberte: la disputa que escaló hasta convertirse en una guerra comercial y judicial
Uno de los conflictos más complejos de la industria es el que enfrenta a Fecovita con Iberte, vinculada al empresario español Juan José Retamero.
La relación comenzó como un acuerdo comercial y terminó transformándose en una disputa de enorme magnitud, conocida dentro del sector como “la guerra del vino”.
El conflicto se originó en 2022, luego de la ruptura de la relación comercial construida alrededor de Evisa, sociedad creada para comercializar vino y mosto en Europa.
Desde entonces, las acusaciones cruzadas se multiplicaron y el enfrentamiento se trasladó a diferentes ámbitos judiciales.
Iberte sostiene que realizó inversiones por aproximadamente US$ 32 millones y acusa a directivos de Fecovita de haber desviado fondos hacia cuentas propias mediante anticipos por productos que, según su denuncia, nunca fueron entregados.
A partir de esa hipótesis se abrieron distintas causas penales.
Entre los principales cuestionamientos aparece el presunto falseamiento de balances correspondientes a los ejercicios 2021 a 2024.
Los dos primeros expedientes ya cuentan con pedidos de elevación a juicio oral, luego de una pericia que, según la acusación, habría detectado pasivos ocultos por más de US$ 100 millones.
Fecovita rechaza esa interpretación y sostiene que existió un desequilibrio deliberado en las entregas y en las rendiciones de cuentas que habría tenido como objetivo generar un ahogo financiero sobre la cooperativa.
La disputa también llegó a la Justicia federal porteña.
Fecovita presentó una denuncia en Comodoro Py contra Retamero y su socio local, Guillermo García, por presunto lavado de activos.
La cooperativa sostiene que detrás de la relación comercial habría existido una maniobra destinada a provocarle un perjuicio económico.
La investigación analiza transferencias y operaciones por más de $1.000 millones realizadas durante 2021 y 2022, período en el que Fecovita tenía el control de Evisa.
En las últimas semanas, el juez federal Daniel Rafecas ordenó levantar el secreto bancario, fiscal y bursátil de los denunciados.
Desde el entorno de Retamero rechazaron la denuncia y remarcaron que, hasta el momento, no existe ninguna persona imputada en esa causa.
También sostuvieron que las operaciones cuestionadas fueron realizadas dentro del sistema financiero formal y consideraron que la denuncia presentada por Fecovita forma parte de una estrategia defensiva frente al avance de las investigaciones por presunto falseamiento de balances.
El conflicto tiene, además, una dimensión arbitral.
El Tribunal de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires lleva adelante una pericia contable integral destinada a establecer las obligaciones económicas de cada parte y determinar quién resulta acreedor y quién deudor en la relación comercial que dio origen a la disputa.
Monteviejo: una salida conflictiva y una denuncia por administración fraudulenta
El quinto caso tiene como escenario al Valle de Uco.
Bodega Monteviejo, fundada en 1998 por la empresaria francesa Catherine Péré-Vergé como parte del proyecto Clos de los Siete, construyó buena parte de su reconocimiento internacional bajo la dirección enológica de Marcelo Pelleriti.
El enólogo estuvo vinculado a la bodega durante más de dos décadas y se convirtió en el primer profesional argentino en obtener 100 puntos de Robert Parker.
La relación terminó de manera conflictiva y derivó en reclamos en los fueros civil, laboral y penal.
La bodega, actualmente conducida por Elise Trebier, denunció a Pelleriti por presunta administración fraudulenta.
El fiscal Juan Ticheli lo imputó formalmente y la investigación busca determinar si durante su gestión se produjeron operaciones que ocasionaron un perjuicio económico a la compañía.
Uno de los principales ejes de la investigación está relacionado con la salida de volúmenes de vino de alta gama hacia sociedades comerciales vinculadas al enólogo.
Según la acusación, determinadas operaciones de exportación habrían sido canceladas contablemente mediante notas de crédito internas, sin que existiera una contraprestación financiera equivalente para Monteviejo.
El segundo punto de la investigación está relacionado con un préstamo intersocietario otorgado por Monteviejo a otra empresa vinculada a Pelleriti.
La Justicia analiza si el propio enólogo habría intervenido en ambos extremos de la operación: como representante de la empresa que otorgó el préstamo y como socio de la firma que recibió los fondos.
De acuerdo con la denuncia, el dinero no habría sido devuelto ni reclamado durante años.
Pelleriti rechaza las acusaciones y sostiene que su función dentro de Monteviejo estaba concentrada en la dirección enológica y técnica, mientras que la administración financiera y contable correspondía al personal administrativo de la bodega, bajo supervisión de los auditores del grupo francés.
El enólogo también afirma que el conflicto comenzó cuando la compañía le propuso quedarse con el 100% de su emprendimiento a cambio de una participación minoritaria en Monteviejo.
Pelleriti rechazó aquella propuesta y sostiene que posteriormente su salida de la bodega fue forzada.
El enfrentamiento continúa por otras vías. Monteviejo reclama fondos vinculados con exportaciones que, según la empresa, no fueron liquidados, mientras que Pelleriti inició una demanda laboral por despido injustificado.
Cinco casos que reflejan un cambio de época
Los expedientes de Zuccardi, Bianchi, Norton, Fecovita y Monteviejo tienen orígenes, protagonistas y dimensiones diferentes.
No permiten, por sí solos, afirmar que toda la vitivinicultura mendocina atraviesa una crisis.
Pero sí permiten observar una transformación en las reglas con las que funcionó durante décadas una parte importante del negocio.
El modelo basado en empresas familiares, sociedades cerradas, relaciones comerciales de largo plazo y patrimonios transmitidos de generación en generación enfrenta ahora nuevas condiciones.
El acceso al financiamiento se volvió más complejo, las deudas son más difíciles de refinanciar y las estructuras societarias adquieren una importancia cada vez mayor.
Al mismo tiempo, las sucesiones familiares pueden reabrir discusiones sobre decisiones patrimoniales tomadas décadas atrás, mientras que los cambios de conducción y las disputas entre socios pueden terminar en tribunales o instancias arbitrales.
En ese contexto, la judicialización de los conflictos empresariales aparece como una de las expresiones más visibles de un proceso de transformación que atraviesa a la industria.
El vino mendocino continúa siendo una de las principales cartas productivas y exportadoras de la provincia. Pero detrás de las botellas, las marcas y los viñedos que proyectan la imagen internacional de Mendoza, también se libra una disputa menos visible.
Es la disputa por el control de las empresas, la administración de los patrimonios, el cumplimiento de las obligaciones financieras y la supervivencia de estructuras empresariales construidas durante generaciones.
Y en algunos de los casos más emblemáticos, esa batalla ya dejó de librarse en las bodegas para trasladarse directamente a los tribunales.