El gremio rural cuestionó al Gobierno por dejar vencer el régimen que permitía a trabajadores temporarios cobrar beneficios sociales mientras accedían a un empleo registrado. La norma caducó el 1 de septiembre y el sindicato reclama una prórroga urgente.
El vencimiento de un régimen que durante los últimos años permitió compatibilizar trabajo rural temporario y beneficios sociales encendió una fuerte alarma en el sector agropecuario. La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) advirtió que 120.000 puestos de trabajo podrían quedar en riesgo en todo el país si el Gobierno nacional no restablece la medida.
Se trata del esquema establecido por el Decreto 514/2021, que buscaba facilitar el acceso al empleo registrado de trabajadores rurales temporarios sin que perdieran automáticamente determinados beneficios sociales durante las campañas agrícolas.
La normativa venció el 1 de septiembre y, según denunció UATRE, el Gobierno todavía no dispuso su prórroga.
El reclamo que no tuvo respuesta
Ante la proximidad del vencimiento, el secretario general de UATRE, José Voytenco, había enviado el 18 de agosto una carta a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en la que reclamaba de manera urgente la continuidad del régimen.
Pero, de acuerdo con el sindicato, la respuesta nunca llegó.
"Esta situación pone en riesgo inmediato a 120.000 puestos de trabajo rural en todo el país y, con ellos, a las familias", alertó la organización.
Para UATRE, el problema no se limita a los trabajadores. La eventual discontinuidad del mecanismo también puede afectar a productores, empleadores y economías regionales, especialmente en actividades donde la demanda de mano de obra aumenta durante períodos específicos del año.
El temor: que el trabajo registrado pierda atractivo
El gremio sostiene que el régimen permitió durante los últimos años que miles de trabajadores se incorporaran formalmente a las campañas agrícolas sin tener que elegir entre un empleo registrado y la protección social que recibían sus familias.
Según UATRE, entre los beneficios que podían continuar percibiéndose se encontraban Asignaciones Familiares, Tarjeta Alimentar y Potenciar Trabajo.
La organización advierte que eliminar esa compatibilidad puede generar un efecto no deseado: que trabajadores que dependen de esos ingresos rechacen empleos temporarios registrados por temor a perder beneficios sociales.
"Su discontinuidad genera el efecto contrario al que se busca: desalienta la formalización, dificulta la cobertura de trabajo local y afecta directamente a las economías regionales", sostuvo el sindicato.
También había beneficios para los empleadores
El esquema no estaba dirigido únicamente a los trabajadores. Durante su vigencia, los empleadores agropecuarios podían acceder a una reducción de las contribuciones patronales, como parte del mecanismo destinado a favorecer la contratación formal de mano de obra temporaria.
Por eso, desde UATRE consideran que la decisión de no extenderlo puede tener consecuencias sobre toda la cadena productiva.
El sindicato cuestionó la "negligencia del Estado" por no contemplar el impacto que el vencimiento puede generar sobre trabajadores y familias, pero también sobre los productores y el funcionamiento de las campañas agrícolas.
Un régimen que fue prorrogado durante distintos gobiernos
El mecanismo fue creado originalmente en 2021, durante la gestión de Alberto Fernández, con una vigencia inicial de dos años.
En 2023 fue renovado por otros dos años y, finalmente, en octubre de 2025, el gobierno de Javier Milei volvió a extenderlo por un año, hasta septiembre de 2026.
Ahora, con el nuevo vencimiento, el reclamo vuelve a instalarse en medio de la necesidad de garantizar mano de obra para las actividades agrícolas estacionales.
Desde UATRE remarcaron que las políticas sociales no deberían convertirse en un obstáculo para la formalización laboral.
"Las políticas sociales no deben convertirse en una barrera para el acceso al trabajo registrado, sino en una herramienta que acompañe la transición hacia el empleo formal", planteó el gremio.
La disputa deja así planteado un interrogante para las próximas campañas: ¿qué pasará con los trabajadores rurales que necesitan complementar un empleo temporario con la asistencia social de la que depende su grupo familiar?
Para UATRE, la respuesta es urgente: la falta de una solución puede terminar impactando no sólo en 120.000 puestos de trabajo, sino también en la producción y en las economías regionales de todo el país.