El Gobierno nacional implementó una serie de cambios regulatorios para la cadena láctea con el objetivo de simplificar trámites, reducir la burocracia y facilitar las exportaciones, en el marco de su política de desregulación.
Las medidas incluyen la actualización de las normas técnicas que regulan la leche de larga vida para adecuarlas a los estándares del Mercosur y la exclusión de los operadores lácteos del Sistema de Información de Operadores de Carnes y Lácteos (Siocal), registro que durante años concentró la fiscalización comercial del sector.
Mediante la Resolución Conjunta 7/2026, la Secretaría de Agricultura y la ANMAT modificaron el Código Alimentario Argentino para armonizar la normativa sobre leche de larga duración con los criterios técnicos vigentes en los países del Mercosur.
La actualización no modifica los procesos industriales ni las exigencias sanitarias que ya cumplen las empresas argentinas, sino que unifica definiciones y terminología para eliminar diferencias regulatorias dentro del bloque regional y facilitar el comercio. Desde la industria consideran que se trata de una adecuación administrativa que brinda mayor previsibilidad jurídica sin generar nuevos costos para las plantas elaboradoras.
Fin del Siocal para el sector lácteo
Otro de los cambios relevantes es la exclusión definitiva de los operadores lácteos del Siocal, en cumplimiento de la Resolución 81/2026 de la Secretaría de Agricultura.
La medida implica que industrias, usinas y depósitos dejarán de estar registrados bajo la órbita de la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario, organismo que heredó las funciones de la ex ONCCA.
El Siocal había sido incorporado a la actividad lechera hace aproximadamente dos décadas con el objetivo de controlar la actividad comercial, aunque con el tiempo terminó superponiéndose con los controles realizados por otros organismos, como ARCA, SENASA y las agencias tributarias provinciales, generando mayores cargas administrativas sin fortalecer significativamente la fiscalización.
Controles digitales
Como reemplazo del esquema tradicional, el Gobierno impulsará un sistema de control basado en herramientas digitales. La fiscalización se apoyará en el uso del remito electrónico entre el tambo y la industria para detectar inconsistencias mediante cruces automáticos de información y emitir intimaciones sin necesidad de realizar inspecciones presenciales.
Según el Ejecutivo, este nuevo modelo permitirá concentrar los controles sobre los incumplimientos, reducir la burocracia para los operadores que cumplen con la normativa y mejorar la eficiencia de las tareas de fiscalización.
Con estas modificaciones, la cadena láctea suma un nuevo paso en el proceso de desregulación impulsado por el Gobierno nacional, con el objetivo de agilizar el comercio, reducir costos administrativos y fortalecer la competitividad de uno de los sectores exportadores más importantes del agro argentino.