Legisladores nacionales, especialistas y representantes de distintas cadenas agroindustriales coincidieron en la necesidad de avanzar hacia un marco regulatorio nacional que establezca criterios técnicos uniformes para la aplicación de fitosanitarios, con el objetivo de brindar mayor previsibilidad al sector y reducir los conflictos judiciales.
El tema fue analizado durante la jornada "Aplicación de fitosanitarios: cuando el vacío legal limita la producción", organizada por el Espacio Legislativo Interpartidario del Agro (ELIA), donde se advirtió que la ausencia de una legislación nacional ha generado un entramado de normas provinciales, ordenanzas municipales y fallos judiciales con criterios diferentes para las aplicaciones.
Según se expuso durante el encuentro, más de veinte años de regulaciones fragmentadas derivaron en un escenario de incertidumbre para productores, aplicadores y autoridades provinciales, quienes deben adaptarse a reglas que varían entre provincias e incluso entre municipios vecinos.
Los participantes señalaron que esta dispersión normativa incrementa la judicialización de los conflictos, dificulta la planificación de las actividades productivas y desalienta la incorporación de nuevas tecnologías para la protección de cultivos.
Durante la jornada, legisladores, especialistas e instituciones vinculadas al sector analizaron el marco normativo vigente, la evolución de la jurisprudencia y las consecuencias productivas derivadas de la falta de una regulación homogénea.
El encuentro tuvo como objetivo aportar información técnica al debate legislativo y promover una futura normativa nacional basada en evidencia científica, que permita establecer criterios comunes para la aplicación de fitosanitarios en todo el país.
Asimismo, se remarcó la importancia de compatibilizar la protección de la salud y del ambiente con la sustentabilidad de la producción agropecuaria, evitando que las decisiones dependan de interpretaciones diferentes según cada jurisdicción o resolución judicial.
La jornada contó con el acompañamiento de Barbechando, organización especializada en el seguimiento de la agenda legislativa agropecuaria, que impulsa una ley nacional para unificar criterios técnicos sobre el uso de fitosanitarios y reducir la creciente judicialización de esta problemática.