El Gobierno nacional reglamentó la operatoria del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones, un esquema orientado a impulsar inversiones productivas de pequeñas y medianas empresas mediante beneficios impositivos y mecanismos de recuperación fiscal acelerada.
La medida fue oficializada a través de la Resolución General Conjunta 5849/2026, firmada por las secretarías de Energía y Agricultura junto con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), y termina de definir cómo deberán registrarse las inversiones, qué documentación deberán presentar las empresas y cuáles serán las condiciones para acceder al régimen creado por la Ley 27.802.
Entre los principales beneficios se encuentran la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y la devolución anticipada de créditos fiscales de IVA, herramientas que buscan mejorar el flujo financiero de las empresas y acelerar proyectos de inversión en un contexto de restricción crediticia.
Uno de los puntos más relevantes de la reglamentación es que determinadas inversiones estratégicas —como sistemas de riego, mallas antigranizo y equipamiento de alta eficiencia energética— quedarán exceptuadas de los montos mínimos globales exigidos por el régimen general.
La decisión es observada con expectativa en las economías regionales, ya que permite que empresas de menor escala puedan incorporar tecnología y modernizar procesos sin necesidad de afrontar inversiones de gran volumen.
El régimen está dirigido a empresas categorizadas como Micro, Pequeñas y Medianas, hasta Mediana Tramo 2, e incluye también a cooperativas agrícolas y mutuales mediante un esquema de empadronamiento específico.
Además, la normativa flexibiliza algunos requisitos para proyectos en obra civil, al permitir acreditar inversiones con menos del 30% de avance mediante certificaciones técnicas matriculadas.
Desde el Gobierno sostienen que el objetivo es incentivar inversión privada sin incrementar el gasto público directo, apostando a resignar recaudación futura para dinamizar la actividad económica y acelerar proyectos productivos en el presente.
Sin embargo, especialistas advierten que el impacto real dependerá de la rentabilidad de las empresas y del acceso al financiamiento complementario, especialmente en sectores regionales donde los márgenes siguen siendo reducidos.
La reglamentación también establece controles estrictos por parte de ARCA. Las empresas deberán contar con Certificado MiPyME vigente y no registrar deudas líquidas y exigibles al momento de solicitar los beneficios.
Asimismo, el incumplimiento de los planes de inversión o el desvío en el destino de los bienes adquiridos podrá derivar en la pérdida de los beneficios fiscales, con obligación de reintegrar créditos fiscales, intereses y multas.
En provincias con fuerte perfil agroindustrial, como Misiones, el sector privado sigue de cerca la reglamentación fina que deberán publicar Energía y Agricultura sobre los llamados “bienes de alta eficiencia”. Empresarios del sector consideran que, si se incorporan equipos como calderas de biomasa y sistemas automatizados de secado, podría generarse un importante proceso de modernización industrial en actividades vinculadas a la yerba mate y la forestoindustria.