La denuncia de la Federación de Acopiadores de Granos introduce un elemento de fuerte tensión en el entramado comercial del complejo sojero argentino, al poner en discusión no solo una práctica puntual atribuida a grandes exportadoras multinacionales, sino el equilibrio histórico sobre el que se construyó el mercado de granos en el país.
En el centro del planteo aparece la exigencia de información que la entidad considera sensible, confidencial y ajena a toda obligación legal vigente, y que, de generalizarse, podría modificar de manera profunda las relaciones entre productores, acopios, cooperativas y exportadores.
Según el comunicado, la preocupación no se limita a un intercambio administrativo adicional, sino a la naturaleza de los datos solicitados. Hectáreas trabajadas, localización exacta de los establecimientos, identificación de los productores y números de RENSPA conforman un mapa productivo y comercial de enorme valor estratégico. En manos de empresas con poder dominante, esa información permitiría conocer en detalle la estructura de la oferta, los volúmenes potenciales y la cartera de clientes de acopios y cooperativas, lo que, a juicio de la Federación, abre la puerta a prácticas de exclusión, discriminación comercial y concentración del mercado.
Desde la óptica de los acopiadores, el argumento ambiental es el punto más controvertido. Reconocen que la trazabilidad y el cumplimiento de estándares internacionales son hoy una exigencia ineludible, especialmente en un contexto de creciente presión regulatoria desde mercados como la Unión Europea. Sin embargo, sostienen que ese objetivo ya cuenta con herramientas específicas y consensuadas, como el sistema VISEC, que permite verificar criterios ambientales y de sostenibilidad mediante esquemas de información encriptada, sin exponer datos comerciales sensibles ni romper la confidencialidad entre las partes. Por eso, consideran que la apelación a un supuesto “road map climático” diseñado unilateralmente por las propias exportadoras carece de sustento técnico y normativo.
El cuestionamiento también tiene un fuerte componente legal. La Federación advierte que la exigencia de estos datos podría vulnerar la Ley de Protección de Datos Personales N.º 25.326, que establece límites claros al uso y tratamiento de información sensible, así como el Decreto 274/2019 de Lealtad Comercial, orientado a prevenir abusos de posición dominante y prácticas que distorsionen la competencia. En ese sentido, remarcan que incluso los sistemas oficiales de registración y transparencia, como SIO-Granos, preservan el secreto comercial y no obligan a revelar la identidad completa de las carteras de clientes.
Desde el plano operativo, el planteo suma otra dimensión crítica. La operatoria habitual de los acopios implica consolidación, mezcla y almacenamiento conjunto de granos provenientes de múltiples productores, lo que hace técnicamente inviable una trazabilidad individual camión por camión hasta el productor original en el momento del despacho. Exigir ese nivel de detalle, señalan, no solo es impracticable, sino que desconoce el funcionamiento real de la logística granaria y traslada costos y riesgos adicionales a los eslabones intermedios.
Más allá del caso concreto, la Federación interpreta esta situación como un intento de redefinir los roles dentro de la cadena. Al advertir que “la exportación no tiene autoridad legal, moral ni comercial para erigirse en comisario de los productores”, la entidad marca un límite simbólico y político: entiende que aceptar estas exigencias implicaría habilitar a las exportadoras a regular de facto el mercado, desplazando progresivamente a acopios y cooperativas y debilitando la competencia. En ese escenario, el acceso directo a la información productiva podría derivar en estrategias de compra directa, fijación de condiciones y, en última instancia, mayor concentración.
Por último, la decisión de hacer pública la denuncia y convocar a otras organizaciones del sector revela que el conflicto trasciende a los acopiadores. La advertencia apunta a generar una reacción institucional más amplia, que incluya a productores, corredores y eventualmente a organismos públicos, para evitar que una práctica privada se consolide sin debate ni marco regulatorio. En el trasfondo, lo que está en juego es el delicado balance entre la adaptación a las nuevas demandas internacionales de sostenibilidad y la preservación de principios históricos del mercado granario argentino: reglas claras, competencia leal y resguardo del secreto comercial.
En ese sentido, la Federación plantea que la trazabilidad no debe transformarse en un instrumento de poder de mercado. Lejos de rechazar los estándares ambientales, el reclamo busca que su implementación se realice dentro de los marcos legales existentes, con mecanismos consensuados y sin avanzar sobre información estratégica que, de quedar expuesta, podría alterar de manera irreversible la estructura del negocio sojero en la Argentina.