Pese al fuerte crecimiento que ha experimentado la actividad avícola en la Argentina durante las últimas décadas, con avances tecnológicos, aumento de la escala productiva y una mayor integración de la cadena, con frecuencia se repiten situaciones críticas que ponen en evidencia la fragilidad estructural del sector.
Un ejemplo emblemático de esta problemática es el caso de Granja Tres Arroyos, una de las empresas históricas y más representativas de la avicultura nacional, cuya delicada coyuntura vuelve a encender señales de alarma en todo el entramado productivo.
Las dificultades que hoy atraviesa esta firma no constituyen un hecho aislado. Por el contrario, se inscriben en una serie de antecedentes que, lamentablemente, parecen repetirse en la historia reciente de la cadena avícola argentina. Los ceses de actividades, concursos preventivos o quiebras de empresas del sector han dejado, en distintos momentos, una extensa nómina de damnificados, afectando de manera directa no solo a los trabajadores de las plantas industriales, sino también a los productores integrados que dependen casi exclusivamente de la continuidad operativa de estas compañías para sostener sus explotaciones.
Entre los casos más recordados se encuentran San Sebastián, Praver y Cresta Roja, episodios que marcaron profundamente a la actividad y cuyas consecuencias sociales y económicas aún perduran en muchas regiones. Así lo señala un informe de la Comisión de Avicultura de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), que advierte sobre la recurrencia de estos procesos y la necesidad de abordar las causas de fondo para evitar que la historia vuelva a repetirse.
En este contexto, la situación de Granja Tres Arroyos genera una preocupación particular. Se trata de una empresa de gran peso en el mercado interno y externo, con fuerte presencia territorial y un rol central en el sostenimiento de miles de puestos de trabajo directos e indirectos. En los últimos meses, la firma ha avanzado en procesos de reestructuración que incluyeron cierres de plantas, atrasos en el pago de salarios y distintos ajustes operativos, en un marco de crisis financiera y productiva que siembra incertidumbre en toda la cadena avícola.
Las causas de las crisis en el sector suelen ser múltiples y complejas. En algunos casos, influyen escenarios macroeconómicos adversos, con alta inflación, restricciones financieras y estructuras de costos difíciles de sostener, especialmente en un negocio de márgenes ajustados. En otros, pesan factores sanitarios y comerciales, como brotes de enfermedades —entre ellas la hepatitis— o la pérdida de mercados externos, que impactan de lleno en el nivel de actividad y en la capacidad de generación de ingresos.
Si bien en el caso actual aún no existen elementos concluyentes que permitan determinar con precisión las causas definitivas de la crisis de Granja Tres Arroyos, resulta evidente que el escenario proyecta un fuerte impacto social y productivo. Esto es especialmente grave en aquellas regiones donde la avicultura constituye uno de los pilares del desarrollo económico local, dinamizando no solo el empleo industrial, sino también una amplia red de proveedores de insumos, transporte, servicios veterinarios y producción primaria.
Como suele decirse, la única verdad es la realidad, y hoy esa realidad se traduce en un profundo estado de zozobra e imprevisibilidad para los productores. No hay certidumbre alguna respecto del futuro inmediato. Por un lado, la continuidad de la producción y la provisión de alimento balanceado en las granjas comienza a convertirse en una incógnita, y ya se registran situaciones de desabastecimiento que comprometen el bienestar animal y la sustentabilidad de los sistemas productivos.
Al mismo tiempo, la cadena de pagos empieza a mostrar signos de ruptura, con consecuencias profundamente dañosas. Los atrasos y la falta de cumplimiento de compromisos financieros impactan de lleno en el primer eslabón de la cadena, que es el más vulnerable. En definitiva, el panorama es complejo, triste y nefasto para los productores integrados, quienes no cuentan con posibilidades reales de redefinir ni transformar su actividad en el corto plazo, quedando prácticamente a las puertas del quebranto.
Frente a este escenario, desde Confederaciones Rurales Argentinas se considera imprescindible avanzar hacia procesos de diálogo responsable y constructivo entre todos los actores involucrados. Esto incluye a la empresa, los trabajadores, los productores, los sindicatos y los distintos niveles del Estado. La participación activa de los organismos públicos y el análisis de los ámbitos judiciales correspondientes resultan fundamentales para encauzar la situación y evitar daños irreversibles.
La transparencia en la información, la búsqueda de soluciones integrales y el compromiso colectivo serán claves para proteger la continuidad de la producción, el empleo y la sustentabilidad de las economías regionales vinculadas a la avicultura. Solo a través de un abordaje serio y coordinado será posible evitar que una nueva crisis profundice las heridas de un sector estratégico para la Argentina.