El Gobierno de Francia anunció la suspensión de las importaciones de productos agrícolas tratados con cinco fungicidas y herbicidas cuyo uso está prohibido en la Unión Europea, una decisión que tendrá un impacto significativo sobre los flujos comerciales de frutas y hortalizas provenientes de países sudamericanos y de otras regiones exportadoras.
La medida fue formalizada mediante un decreto publicado en el Diario Oficial francés y tendrá una vigencia máxima de un año, período durante el cual las autoridades evaluarán la posibilidad de impulsar una normativa equivalente a nivel comunitario, es decir, aplicable a todos los Estados miembros de la UE.
De acuerdo con lo establecido en el decreto, la restricción alcanza a productos agrícolas que presenten residuos de mancozeb, tiofanato-metil, glufosinato, carbendazim y benomyl. Estas sustancias fitosanitarias han sido prohibidas en la Unión Europea por motivos sanitarios, ambientales y de protección de la biodiversidad, debido a su potencial toxicidad, sus efectos sobre la salud humana y su impacto negativo en suelos, cursos de agua y organismos no objetivo.
Sin embargo, su uso aún está permitido en algunos países exportadores, donde continúan formando parte de los esquemas de control de plagas y enfermedades en cultivos intensivos.
Entre los productos más expuestos a esta medida se encuentran frutas tropicales y subtropicales como paltas (aguacates), mangos y guayabas, así como una amplia variedad de frutas y hortalizas frescas que ingresan regularmente al mercado francés. Francia es uno de los principales destinos europeos para este tipo de productos, tanto para consumo en fresco como para su distribución dentro del mercado comunitario, por lo que la decisión podría tener efectos en cadena sobre precios, disponibilidad y logística.
La normativa impone a las empresas importadoras la obligación de reforzar de manera sustancial los controles y los sistemas de verificación, con el fin de garantizar que los productos comercializados no contengan residuos de las sustancias prohibidas. Esto implica mayores exigencias en materia de trazabilidad, certificaciones, análisis de laboratorio y auditorías en origen.
Además, el decreto prevé un plazo máximo de un mes para liquidar las existencias que se encuentren en stock al momento de la entrada en vigor de la medida; una vez vencido ese período, quedará estrictamente vedada su comercialización en territorio francés.
Desde el gobierno francés subrayaron que la decisión no está dirigida contra una región o país en particular, sino que responde a la necesidad de alinear las importaciones con los estándares ambientales y sanitarios que se exigen a los productores europeos. La medida se enmarca en una política de “reciprocidad normativa”, bajo el argumento de que los agricultores locales no deberían competir con productos elaborados utilizando insumos que ellos tienen prohibidos desde hace años. En este sentido, las autoridades señalaron que se trata de una cuestión de equidad económica, coherencia regulatoria y credibilidad de las políticas ambientales europeas.
No obstante, la iniciativa generó preocupación y críticas entre exportadores sudamericanos, especialmente en países con fuerte presencia en el mercado europeo de frutas tropicales y subtropicales. Referentes del sector advirtieron que la suspensión podría provocar desvíos de comercio hacia otros mercados, incrementos en los costos asociados a certificaciones y controles adicionales, y la necesidad de realizar ajustes profundos en los esquemas productivos y fitosanitarios. También alertaron sobre posibles tensiones diplomáticas y comerciales, en particular si la medida se replica en otros países de la Unión Europea o se consolida como una exigencia permanente.
El anuncio se produce en un contexto de intenso debate interno dentro de la Unión Europea sobre el endurecimiento de las normas ambientales aplicadas al comercio internacional, en línea con los objetivos del Pacto Verde Europeo y la estrategia “De la Granja a la Mesa”. Asimismo, coincide con negociaciones sensibles entre la UE y el Mercosur, en las que Francia ha adoptado una postura especialmente crítica. París ha señalado reiteradamente que el acuerdo podría generar competencia desleal si no se garantizan condiciones equivalentes en materia sanitaria, ambiental y de uso de agroquímicos entre los socios comerciales.
Mientras el sector exportador analiza el impacto concreto de la medida y las alternativas para cumplir con los requisitos exigidos —como la sustitución de insumos, la reconversión de prácticas agrícolas o la segmentación de la producción según mercados de destino—, la decisión francesa marca un precedente relevante.
De consolidarse o extenderse a otros países europeos, podría redefinir de manera estructural las condiciones de acceso al mercado comunitario para productos agrícolas provenientes de América del Sur y otras regiones, acelerando un proceso de adaptación que combina desafíos económicos, regulatorios y tecnológicos para los países exportadores.