La Fundación Barbechando destaca que el Espacio Legislativo del Agro se ha convertido en un actor cada vez más influyente dentro del Congreso, tras un recorrido que comenzó con apenas siete legisladores comprometidos y que hoy reúne a 62 diputados y senadores nacionales de 18 provincias y múltiples fuerzas gubernamentales.
Este crecimiento no solo refleja una mayor articulación del sector agropecuario, sino también una consolidación de la denominada bancada ruralista, que funciona como un canal institucionalizado para promover iniciativas que impacten en la actividad productiva.
De cara al próximo año legislativo, la agenda estará fuertemente marcada por debates estructurales: el Presupuesto Nacional, la reforma impositiva y la reforma laboral. Cada uno de estos temas tendrá efectos directos sobre la competitividad, la inversión y el funcionamiento cotidiano de las economías regionales.
En materia laboral, Barbechando subraya la importancia de que cualquier modernización incluya necesariamente la adecuación de la Ley 26.727 de trabajo agrario. Esta norma regula las particularidades del empleo en el sector y determina condiciones que no están contempladas en la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, aplicable al resto de los trabajadores. Dejar fuera al trabajo agrario de la reforma significaría mantener una estructura normativa fragmentada y menos adaptada a los cambios tecnológicos, productivos y estacionales propios del agro.
Respecto de la reforma impositiva, el sector espera señales claras que incentiven la inversión y mejoren la previsibilidad. Entre los puntos prioritarios aparece la reducción gradual de los derechos de exportación, una demanda histórica por su impacto directo en la competitividad, especialmente para las economías regionales y la producción de menor escala. También se destaca la necesidad de avanzar en mecanismos eficientes para la devolución del saldo técnico de IVA, cuya acumulación afecta la liquidez de las empresas agropecuarias.
Asimismo, se consideran estratégicas medidas como la amortización acelerada de inversiones productivas, la revaluación de hacienda —que permitiría actualizar de manera más realista los valores de los rodeos ganaderos en contextos inflacionarios— y la implementación de certificados de crédito fiscal destinados a estimular la incorporación de genética, fertilizantes y tecnologías que aumenten la productividad.
En conjunto, estas demandas buscan alinear la política pública con las necesidades de un sector que representa una porción sustancial de las exportaciones argentinas y que opera bajo condiciones de alta volatilidad climática, económica y regulatoria. Según la visión de la Fundación, un Congreso activo y conocedor de las particularidades del agro es clave para promover marcos normativos que acompañen su desarrollo, fortalezcan la competitividad y generen un entorno favorable para el crecimiento sostenido.