El Gobierno de Javier Milei está avanzando con una propuesta para modificar la ley del trabajo rural, en un intento de desarticular las protecciones laborales que fueron conquistadas por los trabajadores rurales en 2011, a través de la Ley 26.727.
Esta ley fue un avance importante, pues otorgó derechos que antes no estaban contemplados en la legislación del trabajo agrario, tales como una jornada laboral de 8 horas, jubilación anticipada, acceso a vivienda y alimentos, salario mínimo garantizado, entre otros beneficios.
Según el delegado de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) de La Pampa, Héctor Ruiz, ya existen rumores sobre los intentos del gobierno de modificar o incluso derogar algunos de estos avances. En particular, se teme que la jornada laboral de 8 horas y la jubilación anticipada de 57 años puedan ser eliminadas. De hecho, el DNU 70/23 está siendo utilizado como base para esta reforma, lo cual tiene al sector en alerta.
Uno de los principales impulsores de esta iniciativa es la Sociedad Rural Argentina (SRA), que aboga por una "modernización" del régimen de trabajo agrario, pero en los hechos, esto podría significar una precarización aún mayor de las condiciones laborales en el sector, en lugar de una mejora. La propuesta parece ir en contra de los derechos adquiridos, a favor de un modelo de trabajo más flexible, pero menos protegido.
Cabe resaltar que, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en el primer semestre del año había más de 1.246.000 trabajadores rurales en el país, de los cuales alrededor del 38% se encontraba en la informalidad. Muchos de estos trabajadores están bajo condiciones precarias, como la figura del monotributismo, lo que refleja un panorama de informalidad y vulnerabilidad.
Esta situación es especialmente preocupante porque, entre las actividades laborales en Argentina, la agricultura es la que presenta el mayor nivel de informalidad, lo que incrementa la precarización del trabajo rural.
Si la reforma prospera, la respuesta de los trabajadores rurales podría ser un aumento de las protestas y movilizaciones, tal como lo anticipó Héctor Ruiz. De hecho, el sector ya se está preparando para salir a la calle en defensa de los derechos que, según ellos, se verían seriamente afectados si la ley es modificada