La situación de los biocombustibles en Argentina es crítica debido a varios factores. El gobierno nacional ha congelado los precios del biodiésel, lo cual ha generado una tensión considerable en el sector.
A esto se suma una caída en la demanda de combustibles, entre el 10% y el 15%, atribuida a la recesión económica. Los productores de biocombustibles han solicitado una actualización de precios a la Secretaría de Energía para hacer frente a los crecientes costos de producción. Sin embargo, el precio del biodiésel, aunque incrementado recientemente a $951.285 por tonelada, sigue siendo insuficiente según los productores, quienes consideran que debería ser superior a $1.050.000 por tonelada para ser rentable.
En La Pampa, hay dos plantas de biodiésel, una en Catriló y otra en General Pico, que están especialmente afectadas. La Cámara de Empresas PyMEs Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) reclama que el gobierno cumpla con la Ley 27.640, vigente hasta 2030, que establece la metodología para fijar el precio del biodiésel.
Además, la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer) ha expresado su preocupación por los precios actuales y ha propuesto una nueva ley que incrementaría gradualmente el porcentaje de biocombustibles mezclados con gasoil y naftas, alcanzando un 15% de biodiésel en gasoil para enero de 2027 y un aumento similar para el bioetanol. No obstante, Cepreb rechaza esta propuesta, prefiriendo que se cumpla con la legislación actual y acusando a las empresas santafesinas de intentar monopolizar la producción de biodiésel.
La situación refleja una industria en crisis, donde la falta de actualización de precios y la disminución de la demanda amenazan con paralizar la producción, afectando no solo al sector de biocombustibles, sino también a las economías regionales que dependen de esta actividad.