El Senado de la Nación dio un paso clave hacia una nueva Ley de Biocombustibles. Un plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda emitió dictamen de mayoría y dejó el proyecto en condiciones de ser debatido en el recinto el próximo 10 de septiembre.
La iniciativa propone elevar los porcentajes obligatorios de biocombustibles incorporados a las naftas y al gasoil y, al mismo tiempo, modificar las reglas que determinan quiénes podrán abastecer ese mercado.
El cambio más importante establece que, un año después de la sanción de la ley, el corte obligatorio de biodiésel en el gasoil pasará del 7,5% al 10%, mientras que el bioetanol en las naftas aumentará del 12% al 15%.
Pero detrás del incremento de los cortes se encuentra una disputa central para la industria: cómo se distribuirá el nuevo negocio entre las grandes empresas integradas y las pequeñas y medianas plantas productoras.
Más espacio para el bioetanol
Para el bioetanol elaborado a partir de caña de azúcar y maíz, el proyecto mantiene una participación del 6% para cada materia prima.
El 3% restante quedará abierto a la competencia, lo que permitirá incorporar nuevos oferentes al mercado obligatorio. Además, el proyecto fija un límite para evitar una concentración excesiva: ninguna empresa podrá controlar más del 20% del volumen correspondiente.
El incremento del corte implica, en los hechos, una expansión del mercado interno para el bioetanol y una mayor demanda potencial de materias primas provenientes de las cadenas del maíz y de la caña de azúcar.
La pelea por el biodiésel
La discusión más compleja se concentró en el biodiésel producido a partir de aceite de soja.
De un lado se encuentran las plantas no integradas, principalmente pymes, que dependen en buena medida del mercado interno obligatorio. Del otro, las grandes empresas integradas, que producen aceite y biodiésel y reclaman una mayor participación en el esquema.
El dictamen busca establecer una transición entre ambos modelos. Para las plantas no integradas se garantiza un piso del 3% hasta 2036, mientras que la participación de las empresas integradas podrá incrementarse de manera gradual.
La fórmula pretende evitar un impacto inmediato sobre las pymes que actualmente dependen de los cupos obligatorios y, al mismo tiempo, avanzar hacia un mercado con mayor apertura y competencia.
Desde la Fundación Barbechando destacaron justamente la extensión hasta 2036 de la protección mínima para las plantas no integradas, al considerar que les brinda un período más amplio para adaptarse y reconvertirse.
Subastas, precios de referencia y límites a la concentración
El proyecto también introduce modificaciones en el funcionamiento del mercado. Entre ellas figura la creación de un mercado electrónico con mecanismos de subasta y precios de referencia calculados a partir de la paridad de importación.
A esto se suman límites a la participación de las empresas, con el objetivo de evitar que el crecimiento del mercado termine concentrado en pocos actores.
La propuesta intenta así equilibrar tres objetivos: aumentar el uso de biocombustibles, abrir el mercado a una mayor competencia y otorgar un período de adaptación a las empresas más pequeñas.
Ahora la definición queda en manos del Senado. Si el proyecto consigue la aprobación en el recinto, la Argentina quedará frente a un nuevo escenario para la industria de los biocombustibles, con cortes obligatorios más elevados y un mercado interno capaz de generar una mayor demanda de maíz, caña de azúcar y aceites vegetales.
Y, detrás de los nuevos porcentajes, quedará abierta otra pregunta clave: quiénes serán los grandes ganadores del negocio de los biocombustibles que viene.