La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca aprobó un nuevo marco regulatorio para las actividades vinculadas con microorganismos genéticamente modificados (MGM) destinados a usos agropecuarios y agroindustriales.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 96/2026, publicada en el Boletín Oficial, y moderniza el sistema de autorización para ensayos experimentales, evaluación de bioseguridad y comercialización de estos desarrollos biotecnológicos.
La normativa se enmarca en la Resolución 255/2026 del Ministerio de Economía, que estableció un régimen general para todas las actividades que involucren organismos genéticamente modificados (OGM) y exige la autorización previa de la Secretaría de Agricultura para su desarrollo.
Un marco adaptado a los avances científicos
Desde el Gobierno explicaron que la actualización responde a la experiencia acumulada con las normas vigentes desde 2018 y 2019, así como a los importantes avances registrados en materia de biotecnología durante los últimos años.
El nuevo esquema incorpora tecnologías biotecnológicas de última generación, simplifica los procedimientos administrativos y establece criterios técnicos más claros, objetivos y transparentes para la evaluación de riesgos. Además, busca armonizar la regulación con las normas vigentes sobre bioseguridad, bioinsumos, productos fitosanitarios e inocuidad alimentaria, evitando superposiciones y fortaleciendo un enfoque integral de gestión del riesgo.
Tres etapas para la aprobación
La Resolución 96/2026 organiza el proceso regulatorio en tres instancias principales:
- Autorización para realizar ensayos o liberaciones experimentales en condiciones controladas con microorganismos genéticamente modificados viables.
- Evaluación de bioseguridad, requisito indispensable antes de solicitar la autorización comercial.
- Procedimiento para acreditar la ausencia de microorganismos viables en productos derivados de estos organismos.
La norma también establece que quedan excluidas de este régimen las investigaciones confinadas realizadas en laboratorios científicos, los trabajos con especies vegetales en cámaras de cría y los ensayos con animales de laboratorio desarrollados en bioterios.
Evaluación técnica y plazo máximo
Las solicitudes serán analizadas por la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA), con la intervención de la Coordinación de Innovación y Biotecnología de la Dirección Nacional de Bioeconomía.
Cada expediente será evaluado caso por caso mediante hipótesis de riesgo y sobre la base de la evidencia científica disponible. Si durante el proceso se requieren aclaraciones o documentación adicional, el solicitante deberá responder antes de que continúe el trámite.
Como novedad, la resolución establece un plazo máximo de 90 días hábiles administrativos para completar la evaluación final de cada expediente. Ese plazo podrá suspenderse cuando sea necesario solicitar información complementaria o realizar actuaciones que dependan del interesado o de terceros, y volverá a computarse desde el inicio si se introducen modificaciones sustanciales al proyecto.
Bienestar animal y simplificación administrativa
La normativa dispone que todos los ensayos que involucren animales de uso agropecuario deberán cumplir con la legislación vigente sobre bienestar animal y garantizar su correcta identificación desde el inicio de las actividades experimentales.
Además, con el objetivo de agilizar los trámites y brindar mayor previsibilidad a investigadores y empresas, se aprueba un Reglamento Único y un Formulario Único para todas las solicitudes relacionadas con microorganismos genéticamente modificados.
Derogación de las normas anteriores
Con la entrada en vigencia de la Resolución 96/2026 quedan derogadas las Resoluciones 5/2018 y 52/2019, que regulaban hasta ahora los ensayos experimentales y las solicitudes de liberación comercial de microorganismos genéticamente modificados.
Desde el Gobierno señalaron que el nuevo marco regulatorio busca fortalecer la innovación biotecnológica, facilitar la transferencia tecnológica al sector productivo y mantener altos estándares de bioseguridad, promoviendo un sistema moderno que acompañe el desarrollo de las nuevas tecnologías aplicadas al agro.