La fertilidad de los suelos volvió al centro del debate legislativo. Un grupo de diputados nacionales presentó un proyecto de ley que propone otorgar incentivos fiscales a los productores agropecuarios que inviertan en fertilizantes, bioinsumos y enmiendas, con el objetivo de promover una mayor reposición de nutrientes y mejorar los rendimientos de los cultivos.
La iniciativa, impulsada por el presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, Martín Ardohain (Pro-La Pampa), establece una deducción adicional del 30% sobre el monto invertido en estos insumos al momento de liquidar el Impuesto a las Ganancias.
El beneficio alcanzaría a fertilizantes de uso agropecuario, bioinsumos y enmiendas registrados ante Senasa, y estaría destinado a productores inscriptos ante ARCA que puedan acreditar la aplicación efectiva de estos productos en sus establecimientos.
Los autores del proyecto sostienen que la baja reposición de nutrientes constituye una de las principales limitantes para el crecimiento de la productividad agrícola argentina. Según los fundamentos de la iniciativa, las brechas entre los rendimientos actuales y los potenciales alcanzan el 41% en trigo y maíz, y el 32% en soja.
En ese contexto, consideran que una mejora en los niveles de fertilización permitiría incrementar la producción sin necesidad de ampliar la frontera agrícola. De acuerdo con estimaciones citadas en el proyecto, una reducción de esas brechas podría sumar 7,4 millones de toneladas de soja, 5,2 millones de toneladas de trigo y 9,2 millones de toneladas de maíz.
Los datos corresponden a Fertilizar Asociación Civil, entidad que fue convocada por la Comisión de Agricultura para exponer propuestas vinculadas a la nutrición de cultivos. Su directora ejecutiva, Fernanda González Sanjuan, destacó la importancia de la iniciativa y señaló que “el suelo es nuestra máquina de producción de alimentos, fibras y energías”, aunque advirtió que actualmente funciona por debajo de su potencial productivo debido a la insuficiente reposición de nutrientes.
Los impulsores del proyecto afirman además que la medida tendría un costo fiscal neto nulo, ya que la eventual disminución inicial en la recaudación del Impuesto a las Ganancias sería compensada por una mayor producción agropecuaria, un incremento en el consumo de insumos y una mayor actividad económica asociada.
La propuesta contempla también la creación de una base nacional de datos e indicadores sobre fertilidad y el desarrollo de un mapa nacional de suelos, cuya administración quedaría a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. El régimen tendría una vigencia de diez años.
Además de Ardohain, el proyecto cuenta con las firmas de Cristian Ritondo, Martín Yeza, Emmanuel Bianchetti, Alicia Fregonese, María Florencia De Sensi, Alejandro Finocchiaro, Javier Sánchez Wrba, Antonela Giampieri, José Carlos Núñez y Francisco Morchio.