Según proyecciones preliminares del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el volumen de uva cosechado durante la vendimia 2026 podría ubicarse entre un 5% y un 10% por encima del registrado en 2025.
No obstante, lejos de generar expectativas optimistas en el sector, este dato es interpretado con suma prudencia por productores, trabajadores y entidades representativas de la actividad, en un escenario marcado por la volatilidad climática, la retracción del consumo interno, la presión de los costos y la falta de herramientas precisas para anticipar la producción real.
La principal dificultad para validar estas estimaciones radica, según advierten desde la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (FOEVA), en la ausencia de un relevamiento sistemático y actualizado de los viñedos. Daniel Romero, secretario de prensa de la entidad gremial, remarcó que “hoy no hay una proyección certera porque se dejó de relevar sistemáticamente los viñedos, que era lo que permitía estimar con mayor precisión el volumen de producción”. En ese sentido, subrayó que la tendencia de los últimos años muestra una baja interanual sostenida, producto tanto de factores climáticos como económicos, por lo que el dato oficial deberá ser contrastado con el avance concreto de la cosecha y los rindes efectivos por hectárea.
El clima como condicionante estructural
El factor climático continúa siendo uno de los elementos más determinantes para la vitivinicultura argentina. Durante 2025, provincias clave como Mendoza y San Juan enfrentaron reiteradas olas de calor extremo que aceleraron los procesos de maduración, alteraron el calendario habitual de cosecha y, en muchos casos, impactaron negativamente en la calidad de la uva. A este fenómeno se sumaron episodios de granizo, heladas tardías y una mayor incidencia de plagas y enfermedades, que redujeron los rendimientos y elevaron los costos de manejo sanitario.
Si bien la vid es considerada una planta resistente y adaptable, el cambio climático está modificando su ciclo natural de manera cada vez más abrupta. “Es una planta noble, que se adapta, pero hoy está en una situación de vulnerabilidad permanente”, señaló Romero. En la misma línea, advirtió que una parte significativa de la producción se perdió y no pudo destinarse ni siquiera a la elaboración de mosto, lo que evidencia el grado de exposición creciente de los viñedos frente a eventos extremos.
Este contexto obliga a los productores a invertir en sistemas de riego más eficientes, mallas antigranizo, tecnología de monitoreo climático y estrategias de manejo que, en muchos casos, resultan difíciles de sostener para pequeños y medianos viñateros.
Realidades provinciales diversas, desafíos compartidos
Aunque en los últimos años comenzaron a emerger nuevas zonas vitivinícolas en distintas regiones del país, el núcleo histórico de la actividad continúa concentrado en Mendoza, San Juan, La Rioja y Salta. Estas provincias, si bien presentan realidades productivas y económicas diferentes, comparten problemáticas estructurales similares: envejecimiento de los viñedos, dificultades de financiamiento, presión impositiva y un mercado que no logra absorber incrementos significativos de producción.
“Las provincias tienen contextos diferentes, pero la tendencia general es similar”, explicó Romero, quien además aclaró que no se espera un salto productivo importante en 2026, sino más bien un escenario de estabilidad o incluso de leve caída, dependiendo de cómo evolucione el clima y la situación económica general.
La vitivinicultura como motor económico y social
Más allá de los vaivenes productivos, la vitivinicultura sigue siendo una de las actividades económicas más relevantes para las economías regionales, en especial en Mendoza. Un informe reciente de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (ACOVI) destaca que el cooperativismo vitivinícola aporta $184.430 millones en Valor Agregado, lo que representa cerca del 30% de la industria vitivinícola mendocina.
En términos macroeconómicos, la vitivinicultura en su conjunto explica el 12,4% del Producto Bruto Geográfico (PBG) de Mendoza, mientras que las cooperativas nucleadas en ACOVI concentran el 3,4% del PBG provincial. Estos números reflejan no solo el peso económico del sector, sino también su importancia estratégica para el entramado productivo y social de la provincia.
Uno de los aspectos más destacados del informe es el impacto en el empleo y la distribución del ingreso. El sistema cooperativo genera más de 10.000 puestos de trabajo directos entre la producción primaria, la elaboración y el fraccionamiento, y distribuye más de $72.000 millones en salarios. Esto consolida a las cooperativas como actores clave en la sostenibilidad de las zonas rurales y en la fijación de población en el territorio.
El presidente de ACOVI, Fabián Ruggieri, subrayó que “los datos son absolutamente contundentes de lo que nosotros preveíamos que representaba el sistema cooperativo” y sostuvo que, frente al complejo escenario que atraviesa la vitivinicultura, “la economía de escala es el camino para hacerle frente a los desafíos que tenemos como sector”.
La agenda laboral y el impacto de la tecnificación
La vendimia continúa siendo el período de mayor intensidad laboral y el momento en el que se definen salarios y condiciones de trabajo. Si bien las paritarias se negocian a nivel nacional, en la práctica existen diferencias que se resuelven directamente en los viñedos, lo que genera disparidades entre regiones y establecimientos.
Desde FOEVA advierten que el rol del trabajador vitivinícola se encuentra cada vez más amenazado por el avance de la tecnificación. “La actividad se está tecnificando cada vez más y eso reduce la demanda de mano de obra”, explicó Romero. Este proceso, si bien mejora la eficiencia y reduce costos operativos para algunas empresas, tiene un fuerte impacto social, especialmente en zonas donde la vendimia es una de las principales fuentes de empleo estacional.
El dirigente gremial también vinculó este fenómeno con los altos costos impositivos y laborales, que impulsan a algunas empresas a incorporar tecnología importada o a replicar modelos productivos de países vecinos, como Chile, donde la mecanización está más extendida.
Un escenario de cautela hacia 2026
En definitiva, la vendimia 2026 se perfila como un nuevo punto de inflexión para la vitivinicultura argentina. El leve repunte proyectado en el volumen de uva no alcanza por sí solo para disipar las múltiples incertidumbres que enfrenta el sector. Sin embargo, vuelve a poner en evidencia la importancia de sostener el empleo, los ingresos y la escala productiva a través de modelos asociativos, políticas públicas de largo plazo y estrategias de adaptación al cambio climático.
Cada vendimia refleja el pulso económico y social de una de las economías regionales más emblemáticas del país. De cara a 2026, el desafío no será únicamente cuánto se coseche, sino cómo se distribuyen los beneficios de la actividad, cómo se protege al trabajador y cómo se garantiza la sustentabilidad de un sector clave para el agro argentino.