Con el objetivo de brindar mayor claridad, ampliar la información disponible y evitar interpretaciones erróneas, la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) desarrolla a continuación un informe detallado sobre los 10 puntos centrales de la Resolución N.° 530/2025 del SENASA, que establece la implementación obligatoria de la caravana electrónica dentro del sistema nacional de identificación y trazabilidad animal.
La entidad informa a los productores ganaderos de la provincia de Entre Ríos que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) dispuso, mediante la citada resolución, la obligatoriedad de incorporar identificación electrónica individual a determinadas especies, como parte de un esquema que apunta a reforzar los controles sanitarios y los sistemas de trazabilidad.
Desde FARER se remarca que esta información se acerca a los productores por tratarse de una normativa de cumplimiento obligatorio, aunque la Federación no comparte el enfoque ni la forma de implementación de la medida, postura que ya fue expresada formalmente ante las autoridades nacionales competentes.
En ese sentido, desde la entidad entrerriana señalaron:
“Se trata de una decisión adoptada sin el debido consenso con los productores, que vuelve a cargar sobre el eslabón primario nuevos costos, mayores exigencias administrativas y una complejidad operativa difícil de absorber, especialmente para los pequeños y medianos establecimientos. Una vez más, se avanza con medidas de escritorio que no contemplan la realidad productiva ni las profundas asimetrías existentes en el interior del país”.
Asimismo, FARER agregó:
“Si bien compartimos la necesidad de fortalecer los sistemas de trazabilidad y sanidad animal, entendemos que la obligatoriedad de la caravana electrónica, tal como está planteada, no garantiza mejoras concretas que justifiquen su imposición inmediata. Por el contrario, corre el riesgo de transformarse en un nuevo obstáculo para la producción ganadera, en un contexto ya atravesado por alta presión impositiva, escaso financiamiento y falta de incentivos. Desde FARER sostenemos que cualquier avance tecnológico debe ser gradual, voluntario y acompañado por el Estado, y no una carga más impuesta al productor sin escuchar su voz”.