La Unión Europea se encamina a una definición clave sobre el acuerdo comercial con el Mercosur, en un contexto político y económico marcado por fuertes tensiones internas dentro del bloque comunitario y por un escenario internacional cada vez más competitivo.
A comienzos de la próxima semana, los Estados miembros de la UE votarán si avanzan o no con la firma del tratado antes de que finalice el año, una decisión que podría tener consecuencias estratégicas de largo alcance tanto para Europa como para Sudamérica.
Según informó Dinamarca —país que ejerce actualmente la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea—, la intención es que la votación se realice en los próximos días para habilitar a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a viajar a Brasil y firmar el acuerdo el 20 de diciembre. Este cronograma, de acuerdo con funcionarios daneses, se mantiene sin cambios pese a las presiones de algunos países que buscan postergar la definición.
El acuerdo entre la UE y el Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, fue alcanzado en diciembre del año pasado, tras más de 25 años de negociaciones intermitentes. De concretarse, daría lugar al mayor tratado comercial firmado por la Unión Europea, tanto por volumen de intercambio como por el alcance de las reducciones arancelarias previstas. El entendimiento apunta a liberalizar gran parte del comercio bilateral, mejorar el acceso a mercados y fortalecer las relaciones políticas entre ambos bloques.
Sin embargo, el camino hacia la ratificación está lejos de ser sencillo. Francia encabeza el grupo de países que expresan serias reservas, fundamentalmente por el impacto que un aumento de las importaciones agrícolas sudamericanas podría tener sobre sus productores locales. El sector agropecuario francés, en particular, teme una mayor competencia en productos sensibles como carne vacuna, aves de corral y azúcar. Italia mantiene una postura ambigua, mientras que Polonia ya anticipó que votará en contra.
Para que el acuerdo sea aprobado, se necesita una mayoría cualificada: al menos 15 países que representen el 65% de la población total de la UE. Alemania, España y los países nórdicos se han manifestado claramente a favor, considerando el tratado como una herramienta clave para reforzar la posición geopolítica europea. No obstante, si Francia, Italia y Polonia —junto con al menos otro país— votan en contra o se abstienen, el acuerdo podría quedar bloqueado.
Con el objetivo de destrabar resistencias, la Comisión Europea introdujo en septiembre un mecanismo adicional que permitiría suspender de manera temporal el acceso preferencial del Mercosur a determinados productos agrícolas en caso de perturbaciones graves del mercado europeo. Esta cláusula busca ofrecer garantías políticas a los países más reticentes, aunque no ha logrado disipar por completo las críticas.
Los defensores del acuerdo sostienen que su aprobación es estratégica en el actual contexto global. Argumentan que permitiría a la UE diversificar sus socios comerciales, reducir su dependencia de mercados tradicionales y asegurar un mayor acceso a materias primas y minerales críticos. Todo esto cobra mayor relevancia frente a las tensiones comerciales con Estados Unidos, el uso de aranceles como herramienta de presión, y las restricciones impuestas por China a la exportación de chips y tierras raras.
En los pasillos de Bruselas, varios diplomáticos reconocen que este es un momento decisivo. Algunos aseguran que Francia intentó retrasar la votación hasta enero con la esperanza de ganar tiempo y fortalecer su oposición. Sin embargo, el consenso entre los partidarios del tratado es que una postergación podría ser letal.
“Si no firmamos el acuerdo con Mercosur en los próximos días, estará muerto”, advirtió un diplomático europeo. “Si la Unión Europea no logra cerrar este acuerdo, no puede seguir hablando seriamente de soberanía estratégica. Se volverá irrelevante desde el punto de vista geopolítico”.
Para los países del Mercosur, la definición también es crucial. El acuerdo abriría oportunidades significativas de exportación, especialmente para el sector agroindustrial, y consolidaría una relación económica preferencial con uno de los mayores mercados del mundo. Al mismo tiempo, obligaría a los socios sudamericanos a adaptarse a estándares ambientales, sanitarios y regulatorios más exigentes, un punto que también genera debate interno.
En definitiva, la votación de los próximos días no solo definirá el futuro de un acuerdo largamente esperado, sino que también será una señal clara sobre el rumbo político y estratégico de la Unión Europea en un escenario global cada vez más fragmentado y competitivo.