La Federación Porcina Argentina (FPA) manifestó una profunda preocupación ante el notable incremento de las importaciones de carne de cerdo registrado en septiembre, que alcanzó los 125 millones de dólares y 4.600 toneladas.
Según el informe de la entidad, el 97,8% de esa carne provino de Brasil, y más de la mitad correspondió al corte de bondiola, uno de los más populares entre los consumidores argentinos. En términos concretos, esas 2.000 toneladas equivalen a 2 millones de kilos de carne porcina, o aproximadamente 500.000 capones, una cantidad similar a la producción mensual nacional.
Este ingreso masivo de carne duplicó la oferta de bondiola en el mercado interno, generando una fuerte presión sobre los precios y afectando la rentabilidad de toda la cadena de valor, especialmente de los despostadores, distribuidores y pequeños productores. Además, muchos de los productos importados llegan congelados y con alto contenido de agua, lo que repercute negativamente en la calidad percibida por el consumidor y en la imagen del cerdo argentino, reconocido por su frescura y trazabilidad.
La situación se agrava por la competencia desleal asociada al uso de ractopamina, un promotor de crecimiento que permite aumentar la productividad hasta un 6%. Este aditivo está prohibido en más de 160 países —entre ellos la Argentina— por razones de seguridad alimentaria y bienestar animal. Sin embargo, su utilización en otros mercados productores genera una ventaja competitiva injusta, ya que reduce costos y tiempos de engorde, mientras los productores argentinos sostienen un modelo sustentable, libre de promotores de crecimiento y bajo estrictas normas sanitarias.
La FPA subraya que el sector porcino argentino se encuentra en un punto de inflexión. De acuerdo con el Plan Estratégico Porcino (PEP), hacia 2032 se proyectan inversiones por más de 1.600 millones de dólares, con el objetivo de duplicar la producción, aumentar las exportaciones, generar empleo y aportar divisas genuinas al país. Actualmente, la cadena porcina mueve más de 4.000 millones de dólares anuales, genera alrededor de 72.000 puestos de trabajo directos e indirectos y registra un consumo per cápita superior a los 18 kilos anuales, con un crecimiento sostenido del 4 al 5% durante la última década.
No obstante, este potencial se ve obstaculizado por problemas estructurales que limitan la competitividad. Uno de los principales es el régimen de IVA, que en la práctica actúa como un impuesto a la inversión: los productores venden con una alícuota del 10,5%, pero deben adquirir insumos, equipos y tecnología con un 21%, lo que genera saldos fiscales inmovilizados y un sobrecosto cercano al 19%. Este desfasaje desincentiva la incorporación de mejoras genéticas y tecnológicas necesarias para alcanzar los estándares internacionales de productividad.
Otra limitante significativa es la falta de financiamiento adecuado. La actividad porcina requiere créditos de largo plazo, con períodos de gracia y tasas acordes a su ciclo productivo. Sin embargo, las líneas disponibles en el sistema financiero argentino no contemplan estas particularidades, lo que dificulta el desarrollo de nuevos proyectos y la ampliación de granjas.
A estos obstáculos se suma la demora en la firma del protocolo sanitario con China, que permitiría exportar subproductos como cabezas, patitas y menudencias, los cuales poseen poco valor en el mercado interno, pero son altamente demandados en Asia. De concretarse, estas exportaciones podrían generar divisas adicionales y mejorar la rentabilidad de la media res porcina, fortaleciendo la integración del sector.
Desde la Federación enfatizan que el sector no solicita subsidios, sino reglas claras, previsibles y condiciones justas de competencia. “Hace años que pedimos que nos saquen el pie de encima. No queremos beneficios especiales, queremos un marco que nos permita invertir, producir y competir en igualdad de condiciones. Necesitamos que el Estado sea un aliado de la producción, no un obstáculo”, señaló Agustín Seijas, director ejecutivo de la FPA.
Asimismo, el sector propone avanzar con un plan nacional de erradicación de la enfermedad de Aujeszky, coordinado con el SENASA, y financiado por los propios productores, que aún espera aprobación definitiva. La erradicación de esta enfermedad sería un paso clave para abrir nuevos mercados y consolidar la sanidad del rodeo porcino argentino.
En conclusión, la FPA considera que el cerdo argentino tiene un futuro promisorio. Su modelo productivo sustentable, su adaptabilidad y el crecimiento sostenido del consumo interno son bases sólidas para un desarrollo sostenido. Sin embargo, para transformar ese potencial en realidad, se requiere una acción decidida del Estado: eliminar trabas burocráticas, revisar los regímenes impositivos, promover líneas de crédito acordes a la actividad y garantizar la competencia leal en el mercado interno.
“Invertir para producir más, exportar mejor y sostener el consumo local no es solo un objetivo del sector porcino: es una oportunidad estratégica para la Argentina”, concluye la Federación. “El desarrollo se construye con diálogo, previsibilidad y reglas claras. Si el Estado acompaña, el sector puede multiplicar su aporte a la economía nacional y convertirse en un verdadero motor de crecimiento sustentable”.