La reciente decisión del Gobierno argentino de flexibilizar las barreras sanitarias en la Patagonia ha generado un fuerte rechazo entre los productores locales, quienes argumentan que esta modificación pone en riesgo el estatus sanitario de una región que históricamente ha sido libre de fiebre aftosa sin vacunación.
La medida, que permite la importación de carne con hueso de zonas donde se vacuna contra la enfermedad, ha llevado al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile a suspender las importaciones de carne y animales reproductores provenientes de la Patagonia, lo que ha paralizado la exportación de reproductores bovinos hacia ese país.
Los productores patagónicos expresan su indignación y sienten que la resolución se tomó sin el consenso necesario con Chile ni con la Unión Europea, poniendo en peligro años de relaciones comerciales.
La presidenta de la Federación de Sociedades Rurales de Río Negro, Nora Lavayén, manifestó que se sienten traicionados por la decisión del Gobierno. Además, el malestar fue exacerbado al conocerse que Chile había advertido previamente sobre las consecuencias de este cambio normativo.
A pesar de que desde el Gobierno argentino se intenta minimizar el conflicto, argumentando que la medida busca reducir los precios para los consumidores locales, el impacto negativo en el comercio y la confianza de los productores es evidente. Con la situación actual, la reactivación del comercio dependerá de una auditoría sanitaria que aún no ha sido programada por el SAG, lo que deja a los productores en un estado de incertidumbre y frustración. La respuesta de la Unión Europea también es cautelosa, ya que si bien no objetaron la modificación, se han reservado el derecho de realizar auditorías.
En resumen, la tensión entre los intereses de los productores patagónicos y las políticas del Gobierno argentino se ha intensificado, provocando un ambiente de desconfia