El escenario fiscal al que se enfrentan las pequeñas y medianas empresas (pymes) en Argentina es complejo y oneroso, con una carga tributaria que incluye 39 impuestos diferentes a nivel nacional, provincial y municipal.
Esto representa un desafío significativo para su rentabilidad y competitividad, ya que deben cumplir con 30 regímenes de percepción, retención e información que complican aún más la gestión administrativa.
Los principales tributos que afectan a las pymes incluyen el IVA, Ingresos Brutos (IIBB), la Tasa de Seguridad e Higiene (TISH), y el Impuesto sobre Créditos y Débitos bancarios. A las importaciones se les suman los derechos de importación, la Tasa Estadística y el Impuesto PAIS, mientras que las exportaciones están sujetas a derechos de exportación, uno de los impuestos que el Gobierno se ha comprometido a eliminar si se mantiene un superávit fiscal.
Además de estos tributos, las pymes deben lidiar con los impuestos sobre servicios básicos como electricidad, internet, telefonía y agua, los cuales también incluyen IVA, IIBB y otras tasas específicas, aumentando sus costos operativos. La renovación de equipos tecnológicos y vehículos implica impuestos adicionales, como el IVA, impuestos internos y tasas locales.
El panorama se agrava con las obligaciones laborales y bancarias, como las contribuciones patronales y los aportes al Régimen de Trabajadores Autónomos, así como el pago del Impuesto a las Ganancias.
La reforma tributaria propuesta por el presidente Javier Milei para 2025 busca aliviar esta carga, con una reducción del 90% de los impuestos nacionales y la transferencia de competencias fiscales a las provincias. Esta reforma es vista con esperanza por las pymes, ya que podría simplificar el sistema tributario, mejorar la competitividad y permitirles crecer en un entorno más favorable.