Dos proyectos de ley buscan autorizar, bajo un sistema de permisos y el pago de un canon, la explotación agrícola de superficies adyacentes a las rutas nacionales. El potencial estimado alcanza unas 50.000 hectáreas, sin afectar banquinas ni zonas destinadas a la seguridad vial.
La Cámara de Diputados de la Nación comenzó a analizar dos proyectos de ley que proponen habilitar el uso productivo de determinadas superficies ubicadas junto a las rutas nacionales que actualmente no tienen destino agrícola. De acuerdo con las estimaciones incluidas en las iniciativas, la medida podría incorporar alrededor de 50.000 hectáreas a la producción de cultivos anuales.
Las propuestas fueron presentadas por el diputado nacional Javier Sánchez Wrba (PRO) y la diputada nacional Agustina Propato (UxP) y comenzaron a ser debatidas en la Comisión de Transporte. Ambas iniciativas plantean modificar la normativa vigente, que establece restricciones para la siembra, el cultivo y la cosecha en determinadas franjas próximas a las rutas.
El mecanismo propuesto contempla la entrega de permisos precarios y onerosos para aquellos espacios que puedan ser utilizados con fines productivos. Las superficies autorizadas deberán estar claramente delimitadas y quedarán sujetas a normas específicas, controles y condiciones destinadas a garantizar la seguridad vial.
Sin intervención de banquinas
Uno de los principales puntos de los proyectos es que las autorizaciones no permitirían sembrar sobre las banquinas ni sobre las franjas destinadas a garantizar la seguridad de quienes circulan por las rutas. De esta manera, el eventual aprovechamiento agrícola quedaría limitado a sectores que no interfieran con la circulación, el mantenimiento de la infraestructura vial ni las condiciones de visibilidad.
El potencial productivo fue calculado tomando como referencia la posibilidad de incorporar aproximadamente dos hectáreas por cada kilómetro lineal de ruta en zonas consideradas productivas.
Con una Red Vial Nacional que ronda los 40.000 kilómetros, las estimaciones oficiales incluidas en las propuestas ubican el universo potencial en torno a las 50.000 hectáreas que podrían incorporarse a actividades agrícolas.
Prioridad para los productores frentistas
Otro de los aspectos contemplados es que los productores cuyos establecimientos sean linderos a las rutas nacionales tendrían prioridad para acceder a los permisos de uso productivo.
La utilización de estas superficies, que actualmente forman parte del dominio público, implicaría el pago de un canon por parte de los beneficiarios. De esta manera, el Estado mantendría la titularidad de los terrenos mientras habilitaría su aprovechamiento productivo bajo determinadas condiciones.
El objetivo es generar una alternativa que permita aprovechar espacios actualmente improductivos, al tiempo que se establezca un mecanismo de regulación y control sobre su utilización.
Diferencias sobre el destino del canon
Si bien los proyectos presentados por Sánchez Wrba y Propato coinciden en líneas generales respecto del sistema de permisos y del aprovechamiento productivo de las tierras, mantienen una diferencia significativa en relación con el destino de los recursos obtenidos mediante el canon.
La iniciativa impulsada por el PRO propone que la recaudación sea destinada al mantenimiento de la Red Vial Nacional, vinculando directamente los ingresos generados por el uso de las superficies con la conservación de la infraestructura.
Por su parte, el proyecto presentado por UxP plantea orientar esos recursos hacia finalidades sociales y cooperativas.
El debate en la Comisión de Transporte deberá avanzar ahora sobre los alcances de ambas propuestas, las condiciones para autorizar las explotaciones y los mecanismos de control necesarios para evitar que el uso agrícola genere riesgos para la circulación.
La discusión pone sobre la mesa la posibilidad de transformar superficies actualmente sin aprovechamiento productivo en nuevas áreas destinadas a la agricultura, aunque bajo un esquema que preserve las condiciones de seguridad vial y mantenga el carácter público de los terrenos.