La Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados analizará este martes un proyecto que propone incorporar nuevas figuras penales para sancionar hechos de vandalismo rural. La iniciativa es impulsada por el diputado pampeano Martín Ardohain (PRO), quien preside la comisión.
La reunión se realizará desde las 15 en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja y contará con la participación de expositores invitados. El temario también incluye una docena de proyectos de resolución y declaración.
El proyecto ya fue presentado ante la Comisión de Legislación Penal, que actúa como cabecera debido a que la iniciativa plantea modificaciones al Código Penal.
Entre sus principales puntos, propone incorporar el artículo 150 bis, que establecería penas de entre un mes y un año de prisión para quien ingrese sin autorización a un establecimiento rural, terreno o dependencia contra la voluntad de quien tenga derecho a excluirlo.
La propuesta considera como manifestación de esa voluntad la existencia de cerramientos, vallas, muros, alambrados o carteles que indiquen la prohibición de ingreso. A su vez, contempla excepciones cuando el acceso responda a una necesidad justificada, una situación de auxilio o cuando los límites del predio no puedan distinguirse claramente de la vía pública.
Otro de los ejes del proyecto es la incorporación del artículo 184 bis, que establecería penas de entre dos y ocho años de prisión, además de multas equivalentes a entre tres y doce veces el valor del daño ocasionado, para quienes destruyan, inutilicen, hagan desaparecer o dañen bienes vinculados directamente con el ciclo productivo, las materias primas o la infraestructura de establecimientos agropecuarios.
La figura alcanzaría, entre otros elementos, a cultivos sin cosechar, silobolsas, ganado y leña. También se incluirían instalaciones tecnológicas destinadas a la provisión de energía o a la extracción de agua.
El proyecto establece, además, un agravamiento de la pena mínima cuando el autor o quien haya determinado a otra persona a cometer el hecho sea funcionario público o se dedique habitualmente a la actividad agropecuaria.
Por otra parte, se plantea modificar el artículo 209 del Código Penal, referido a la instigación pública a cometer delitos. La reforma contempla aumentar en un tercio la pena cuando esa instigación se realice mediante medios de comunicación masiva, redes sociales o plataformas digitales.
En los fundamentos, Ardohain sostuvo que la iniciativa busca actualizar la legislación frente a modalidades delictivas que, según planteó, generan un impacto creciente sobre la actividad agropecuaria y dejan al productor en una situación de vulnerabilidad.
El legislador afirmó que el objetivo es establecer herramientas penales específicas para abordar daños sobre bienes productivos e infraestructura estratégica del sector, y brindar a jueces, fiscales y fuerzas de seguridad tipos penales que permitan una intervención más precisa.
El proyecto cuenta con el acompañamiento de legisladores del PRO, la UCR, el MID y un diputado de La Libertad Avanza. Su tratamiento en comisión representa un nuevo paso dentro del debate parlamentario sobre la creación de herramientas específicas para prevenir y sancionar el vandalismo vinculado con establecimientos agropecuarios.