El presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, Martín Ardohain, presentó un proyecto de ley que propone endurecer las penas para delitos rurales, con condenas de hasta ocho años de prisión para hechos de vandalismo en establecimientos agropecuarios, daños a silobolsas, destrucción de cultivos e intrusiones ilegales en campos.
La iniciativa busca modificar distintos artículos del Código Penal e incorporar nuevas figuras delictivas vinculadas a la producción agropecuaria y la infraestructura rural. Además, prevé agravantes para quienes promuevan ataques o acciones delictivas mediante redes sociales, plataformas digitales o medios masivos de comunicación.
En los fundamentos del proyecto, Ardohain sostuvo que “el campo argentino está siendo afectado por modalidades delictivas que la ley hoy ignora o minimiza”, situación que —según expresó— deja a los productores “en un estado de absoluta indefensión”.
La propuesta incorpora el artículo 184 bis al Código Penal y establece penas de entre dos y ocho años de prisión, además de multas económicas, para quienes dañen o destruyan silobolsas, cereales, oleaginosas, cultivos, ganado bovino, instalaciones rurales o mercadería agropecuaria durante su transporte.
El texto también amplía la protección sobre infraestructura considerada estratégica para el agro moderno, incluyendo sistemas de riego, paneles solares, bombas sumergibles y generadores eléctricos, elementos vinculados a la tecnificación y sustentabilidad productiva.
Otro de los puntos centrales del proyecto es la creación de una figura específica para sancionar intrusiones ilegales en establecimientos rurales. La iniciativa presume la prohibición de ingreso cuando existan alambrados, tranqueras, muros o señalizaciones visibles. No obstante, aclara que no habrá delito cuando el ingreso responda a situaciones de emergencia, auxilio o cuando no existan límites claramente identificables con la vía pública.
Ardohain advirtió además que muchas intrusiones clandestinas funcionan como tareas previas de inteligencia delictiva destinadas a detectar vulnerabilidades en los establecimientos agropecuarios. En ese sentido, también remarcó el crecimiento de la caza furtiva, práctica que —según indicó— genera daños en alambrados, altera al ganado y pone en riesgo la seguridad de las familias rurales.
La iniciativa también propone modificar el artículo 209 del Código Penal, referido a la instigación pública a cometer delitos. El proyecto plantea elevar las penas cuando las convocatorias a cometer ataques rurales se realicen a través de redes sociales, plataformas digitales o medios de comunicación.
Según los fundamentos, la difusión de coordenadas GPS, mapas satelitales y ubicaciones exactas de establecimientos podría facilitar ataques simultáneos contra distintos campos, afectando tanto la producción como la logística de comercialización.
El proyecto cuenta con el respaldo de dirigentes del PRO como Cristian Ritondo, Alejandro Finocchiaro y Fernando De Andreis, y ya comenzó a generar debate dentro del Congreso y entre entidades vinculadas al sector agroindustrial.
“La destrucción de un silobolsa no es un simple acto vandálico; es un ataque directo al esfuerzo productivo y a la capacidad exportadora del país”, sostiene el texto del proyecto.