Un estudio integral realizado por organizaciones vinculadas a la producción láctea reveló que el sector tambero argentino afronta una presión impositiva extremadamente elevada, con un total de 37 impuestos aplicados a la producción, situación que las entidades calificaron como “abrumadora” tanto por su volumen como por el impacto directo en la rentabilidad.
El número de tributos, sumado a la superposición de cargas y a la renta que se pierde en el camino, configura un escenario crítico para la sostenibilidad de la actividad.
A partir de un trabajo técnico elaborado por la Mesa de Productores de Leche de la Provincia de Santa Fe (Meprolsafe) y la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) hizo pública la realidad que atraviesa el sector tambero, especialmente en lo referido a la presión impositiva, la informalidad creciente y el deterioro de los márgenes económicos.
El informe fue presentado como resultado de múltiples encuentros y charlas con productores, industriales y otros actores de la cadena láctea, en los que se repite un diagnóstico común: el sistema impositivo actual desalienta la inversión, empuja a la informalidad y pone en riesgo la continuidad de numerosos tambos, especialmente los pequeños y medianos.
Una producción que crece, pero con márgenes en alerta
Las entidades explicaron que, a enero de 2026, el sector tambero argentino atraviesa una situación mixta. Por un lado, se observa un crecimiento productivo sostenido, impulsado por una mayor eficiencia en los sistemas de producción, incorporación de tecnología, mejoras genéticas y condiciones climáticas favorables. Incluso existen proyecciones de aumento de la producción para el resto del año.
Sin embargo, ese crecimiento convive con una creciente preocupación por la rentabilidad. La suba de los costos —entre los que los impuestos ocupan un lugar central— presiona fuertemente los márgenes. Además, en un contexto de desaceleración de la inflación, los desfasajes de precios y costos quedan más expuestos, lo que amenaza la sustentabilidad económica de los establecimientos, aun cuando exista acceso a financiamiento y voluntad de inversión.
Informalidad, evasión y productos fraudulentos
Uno de los datos más alarmantes del informe es la detección de una informalidad superior al 40% en distintos eslabones de la cadena láctea. Esta informalidad se manifiesta en ventas no registradas, compras fuera del circuito formal, empleo no declarado y circulación de productos lácteos fraudulentos, todo lo cual distorsiona el mercado y perjudica a quienes cumplen con las normas.
Desde las entidades aclararon que la presión fiscal no justifica estas prácticas ilegales, pero advirtieron que el esquema actual genera incentivos negativos. “Un empresario tambero en Argentina debe afrontar un mínimo de 37 tributos anuales, distribuidos entre los niveles nacional, provincial y municipal”, señalaron desde Carsfe, entidad afiliada a CRA.
Una carga impositiva “insoportable”
Según el relevamiento, la carga impositiva total puede representar hasta el 42% de las ventas de una empresa tambera promedio. Este peso fiscal, combinado con altos costos operativos, configura un “cóctel” que empuja al abandono de la actividad o a la informalidad.
En el plano nacional, se destacan los impuestos administrados por ARCA (ex-AFIP). Entre ellos, el Impuesto a las Ganancias, tanto para sociedades como para personas físicas, con una escala progresiva que va del 25% al 35% sobre la utilidad neta. En 2026, la alícuota máxima del 35% se aplica a rentas superiores a aproximadamente 347 millones de pesos. Las entidades reconocen que se trata de un impuesto que, en un sistema equilibrado y con control efectivo, puede considerarse justo.
El Impuesto al Valor Agregado (IVA) también ocupa un lugar central. La alícuota general es del 21%, aunque existen tasas reducidas del 10,5% para ciertos productos. Meprolsafe y Carsfe solicitaron una reducción del IVA para los lácteos, con el objetivo de estimular el consumo interno, mejorar la competitividad y aliviar la presión sobre la cadena.
Otro tributo fuertemente cuestionado es el Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios, conocido como “impuesto al cheque”. “Cuando las operaciones se repiten o se superponen, se genera impuesto sobre impuesto”, afirmaron, y reclamaron directamente su eliminación.
También se mencionaron los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, que se pagan cada vez que se carga nafta o gasoil. Desde las entidades sostienen que estos gravámenes deberían eliminarse para los consumidores finales, ya que su reducción favorecería a los sistemas productivos, al consumo interno y al turismo.
En la misma línea, cuestionaron los impuestos internos a la tecnología y a los productos electrónicos, remarcando que la eficiencia y la innovación productiva dependen en gran medida del acceso a estas herramientas. “Solicitamos que se eliminen directamente para favorecer su incorporación al proceso productivo”, señalaron.
Cargas sociales, retenciones y tributos provinciales
El informe también aborda la problemática de las cargas sociales, proponiendo avanzar hacia un sistema más moderno y menos distorsivo. En cuanto a los regímenes de retenciones y percepciones, que actúan como pagos a cuenta de Ganancias e IVA, las entidades fueron contundentes: pidieron su eliminación, argumentando que cada contribuyente debería pagar lo que corresponde sin retenciones indebidas, facilitando además el control directo por parte del organismo recaudador.
Si bien valoraron la herramienta del Monotributo, reclamaron mayores controles para evitar maniobras de evasión que generan competencia desleal.
A nivel provincial, los impuestos de mayor impacto son los Ingresos Brutos (IIBB), que gravan la facturación bruta con alícuotas que oscilan entre el 1,5% y el 5%, según la actividad y la jurisdicción. A esto se suman el Impuesto de Sellos y el Impuesto Inmobiliario Rural, que incrementan la carga sobre los productores.
En el ámbito municipal, las tasas son otro punto de conflicto. Según el informe, muchas de estas tasas se cobran bajo el compromiso de prestar servicios que, en la práctica, no se brindan, lo que genera malestar y desconfianza en los contribuyentes.
Desafíos y reclamos para 2026
De cara a 2026, Meprolsafe y Carsfe coincidieron en que es indispensable corregir aspectos estructurales para sostener la actividad tambera. Entre los principales desafíos mencionaron la necesidad de preservar la rentabilidad y la sustentabilidad de los tambos, mejorar la competitividad tanto en el mercado interno como en el externo, y garantizar condiciones de financiamiento que permitan seguir invirtiendo en tecnología y eficiencia.
“Como conclusión, el sector tambero argentino —que fue responsable del mayor aumento mundial de producción en 2025— muestra dinamismo productivo y proyección hacia 2026. Sin embargo, la actual matriz impositiva, sumada a factores macroeconómicos y de mercado, genera un escenario de alerta sobre la rentabilidad”, afirmaron. En ese marco, reclamaron políticas de apoyo y alivio fiscal que permitan sostener la actividad y evitar el cierre continuo de tambos en todo el país.