La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) dio a conocer una extensa y firme posición institucional frente a la posible adhesión de la Argentina a la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales – Acta 1991 (UPOV 91), en el contexto del acuerdo recientemente firmado entre el Gobierno nacional y los Estados Unidos.
Si bien la entidad ruralista valoró positivamente el acuerdo bilateral como un paso hacia una mayor integración internacional, apertura comercial y fortalecimiento de vínculos estratégicos, advirtió que algunos de los compromisos asumidos en materia de propiedad intelectual sobre semillas generan preocupación dentro del sector productivo. En particular, CARBAP cuestionó que se impulse la adhesión a UPOV 91 sin un debate profundo y consensuado que contemple las particularidades del sistema agropecuario argentino.
En su comunicado, la confederación recordó que la Argentina es miembro de UPOV desde hace más de cuarenta años bajo el Acta 1978 (UPOV 78), un marco normativo que, según destacaron, permitió el desarrollo sostenido del mejoramiento genético vegetal, incentivó la inversión en nuevas variedades y, al mismo tiempo, resguardó un principio histórico y central para los productores: el derecho al uso propio de semillas. Este equilibrio, afirmaron, fue clave para la adopción masiva de tecnología en el campo argentino.
UPOV 91, en cambio, representa una versión más restrictiva del convenio original adoptado en 1961, ya que amplía significativamente los derechos de los obtentores y limita el alcance del uso propio, incluso en algunos casos condicionándolo al pago de regalías adicionales. Desde CARBAP señalaron que este cambio altera el equilibrio tradicional entre quienes desarrollan la tecnología y quienes la implementan en el sistema productivo.
No obstante, la entidad aclaró que su postura no es contraria al fortalecimiento de los derechos de propiedad intelectual. Por el contrario, sostuvo que el país necesita reglas claras, previsibles y modernas que permitan a los obtentores proteger su trabajo, cobrar por la innovación y reinvertir en investigación y desarrollo. En ese sentido, recordó que países de la región como Brasil y Paraguay lograron importantes incrementos en su producción de soja bajo esquemas compatibles con UPOV 78, demostrando que es posible combinar innovación, crecimiento productivo y respeto por el uso propio.
El presidente de la entidad, Ignacio Kovarsky, remarcó que la adhesión a UPOV 91 “no refleja las necesidades ni la realidad productiva argentina” y que avanzar en ese sentido podría generar conflictos innecesarios dentro del sector. Según CARBAP, existen alternativas viables para modernizar la legislación vigente sin modificar principios que forman parte de la cultura productiva del país.
Entre esas alternativas, la confederación propuso actualizar la actual Ley de Semillas dentro del marco de UPOV 78, reforzando los mecanismos de control, registración y fiscalización, mejorando los sistemas de cobro de regalías y aumentando la transparencia para todos los actores de la cadena. Desde su perspectiva, el problema central no es la falta de voluntad de pago por parte de los productores, sino la ausencia de un esquema equilibrado, eficiente y consensuado que brinde previsibilidad.
Asimismo, CARBAP enfatizó que el debate no debe plantearse como una falsa dicotomía entre innovación tecnológica y defensa de los productores. La Argentina, señalaron, ya cuenta con una base productiva sólida, millones de hectáreas sembradas con variedades modernas y un entramado técnico-productivo altamente competitivo. Por eso, insistieron en que cualquier cambio normativo debe surgir del diálogo amplio entre productores, obtentores, industria semillera y el Estado, y no como resultado de compromisos externos asumidos sin consenso interno.
Finalmente, la entidad puso el foco en lo que considera el principal obstáculo estructural para el crecimiento del agro argentino: los Derechos de Exportación (DEX). Según CARBAP, mientras esta carga siga vigente, actuará como un freno decisivo a la inversión, la incorporación de tecnología y el aumento de la producción. En ese contexto, advirtieron que cualquier discusión sobre incentivos a la innovación quedará condicionada si no se aborda previamente este problema de fondo.
Concluyendo su posicionamiento, CARBAP reafirmó que las reglas que definen la base tecnológica del agro argentino deben construirse de manera participativa y con amplio consenso, respetando la historia productiva del país y garantizando un desarrollo equilibrado y sostenible para todos los actores del sistema.