Santa Cruz autorizó la faena de más de 10.000 guanacos como parte de un plan oficial para mitigar el impacto productivo que genera la especie sobre la ganadería, especialmente la ovina.
Sin embargo, desde el sector productivo advierten que la medida resulta claramente insuficiente frente a una población estimada en casi 3 millones de animales en toda la Patagonia, con una fuerte concentración en territorio santacruceño. Según los productores, el número autorizado representa apenas una fracción mínima del total y no alcanza a compensar el crecimiento anual acelerado de la especie.
De acuerdo con las entidades rurales, el fuerte aumento de la población de guanacos responde a una combinación de factores estructurales que se arrastran desde hace décadas. Entre ellos se destaca la prohibición de la comercialización del guanaco establecida en 1993, que eliminó incentivos económicos para su aprovechamiento sustentable; la marcada caída de la actividad ovina, que redujo la presión productiva y el manejo sobre amplias superficies; y el cambio climático, que ha generado inviernos más benignos, menor mortalidad natural y una mayor disponibilidad de forraje en ciertas zonas.
Como resultado, estiman que la tasa de crecimiento anual de la especie se ubica actualmente entre el 30 y el 35%, muy por encima de la capacidad de control de los programas vigentes.
El impacto sobre la ganadería es directo y acumulativo. Los guanacos compiten con las ovejas por el acceso al agua y a las pasturas, especialmente en ambientes áridos y semiáridos donde los recursos son limitados. Esta competencia provoca una reducción de la carga animal posible, deterioro de los campos y, en muchos casos, el abandono de establecimientos productivos que ya operan con márgenes muy ajustados. Productores señalan además daños en alambrados, aguadas y caminos internos, lo que incrementa los costos de mantenimiento y dificulta el manejo del rodeo ovino.
Desde el Consejo Agrario Provincial, en tanto, defienden la iniciativa como un intento de regulación sustentable que busca equilibrar la conservación de la fauna silvestre con la producción agropecuaria. Argumentan que la faena autorizada se enmarca en criterios técnicos y ambientales, y que su implementación enfrenta limitaciones operativas, logísticas y de mercado, como la falta de infraestructura adecuada para el procesamiento, la escasa demanda interna y las dificultades para abrir canales de exportación. También señalan que cualquier ampliación del cupo debe contemplar acuerdos sanitarios, controles estrictos y consenso social.
Para los productores, no obstante, la faena actual es apenas un paliativo frente a una sobrepoblación que crece mucho más rápido que las herramientas disponibles para su control. Reclaman una política integral y de largo plazo que incluya mayores cupos de extracción, habilitación plena de la comercialización de carne y fibra, incentivos para el aprovechamiento económico del guanaco y una revisión del marco normativo vigente. Sin cambios de fondo, advierten, la presión sobre la ganadería continuará aumentando y profundizará el proceso de despoblamiento rural en amplias zonas de la provincia.