La Resolución 17 del Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires marca un paso relevante en la política energética bonaerense al habilitar formalmente la Generación Distribuida Comunitaria de energía eléctrica a partir de fuentes renovables.
Esta medida amplía el alcance del esquema tradicional de generación distribuida individual y crea un marco normativo específico para que grupos de usuarios puedan asociarse con el objetivo de producir energía limpia, destinarla principalmente al autoconsumo y comercializar los excedentes dentro del sistema eléctrico provincial.
¿En qué consiste la Generación Distribuida Comunitaria?
La nueva figura contempla la asociación de dos o más usuarios —o incluso de un mismo titular con varios suministros— siempre que estén atendidos por una misma distribuidora eléctrica. Las instalaciones deberán contar con una potencia superior a los 10 kW, un umbral significativamente mayor al de muchos proyectos residenciales individuales, y podrán emplazarse tanto en un suministro ya existente como en uno nuevo, siempre dentro del área concesionada por la distribuidora.
El esquema permite que la energía generada sea utilizada prioritariamente para autoconsumo, reduciendo la energía que los usuarios deben comprar a la red. Cuando la producción supere la demanda instantánea, el excedente podrá inyectarse al sistema eléctrico, generando una acreditación económica que se repartirá entre los participantes según el acuerdo que hayan establecido previamente.
Organización y aspectos legales
La resolución prevé distintas formas de instrumentación de la asociación: los usuarios podrán organizarse mediante un acuerdo privado o constituir una persona jurídica (por ejemplo, una cooperativa o asociación civil). En cualquiera de los casos, el acuerdo deberá especificar claramente el porcentaje de participación y de acreditación económica que corresponde a cada integrante del proyecto.
Desde el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos destacaron que este enfoque busca compartir los costos de inversión, optimizar el uso de los recursos disponibles y democratizar el acceso a las tecnologías de generación renovable. Esto resulta especialmente relevante para hogares, pequeños comercios o instituciones que, de manera individual, no podrían afrontar el desembolso inicial que requiere una instalación de mayor escala.
Registro, control y beneficios fiscales
Las distribuidoras eléctricas tendrán la responsabilidad de inscribir los proyectos en el Registro de Usuarios-Generadores de Energía Renovable (RUGER), que funciona bajo la órbita del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la provincia (OCEBA). La inscripción en este registro es clave, ya que habilita el acceso a los beneficios fiscales establecidos por la Ley provincial 15.325.
En paralelo, la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) recibirá información mensual sobre los proyectos registrados para aplicar las exenciones impositivas correspondientes, reforzando así el carácter promocional de la medida y mejorando la ecuación económica de este tipo de inversiones.
Cambios en el esquema tarifario
La norma introduce también modificaciones en la forma en que se reflejan los consumos en la factura eléctrica. Las boletas deberán discriminar claramente la energía demandada de la red y la energía inyectada, compensando ambos valores antes de la aplicación de impuestos. Además, el Fondo Provincial Compensador Tarifario (FPCT) se calculará únicamente sobre la energía efectivamente demandada, excluyendo la energía que el usuario haya volcado a la red. Este punto resulta relevante porque evita que los usuarios-generadores paguen cargos adicionales por energía que ellos mismos producen.
Articulación con el marco normativo nacional y provincial
La Resolución 17 se inscribe dentro del Marco Regulatorio Eléctrico bonaerense y se apoya en la adhesión de la provincia a la Ley Nacional 27.424, que promueve la generación distribuida de energía renovable en todo el país. Asimismo, complementa la Ley provincial 15.325, que declara de interés provincial la generación renovable para autoconsumo y establece un régimen de beneficios promocionales e impositivos.
De este modo, la provincia consolida un andamiaje normativo que busca fomentar un modelo energético más descentralizado, con mayor participación de los usuarios y menor dependencia de grandes centrales de generación.
Opiniones del sector y desafíos de implementación
Desde el sector de las energías renovables, la medida fue bien recibida. Roberto Ferrari, presidente de la firma Amaneceres Renovables, subrayó que la resolución es “muy beneficiosa para favorecer la adopción de recursos de energía renovable”, ya que uno de los principales obstáculos para la energía solar o eólica sigue siendo la alta inversión inicial. Según explicó, la posibilidad de que varios usuarios se asocien para instalar un único generador permite reducir significativamente ese costo, haciendo viables proyectos de mayor escala.
Ferrari señaló además que, en el ámbito residencial, la mayoría de las instalaciones actuales tienen capacidades de entre 3 y 5 kW, mientras que el nuevo esquema comunitario incentiva inversiones que superen los 10 kW, lo que mejora la eficiencia económica y energética de los proyectos.
No obstante, el especialista advirtió sobre algunos límites y desafíos. Por un lado, aclaró que se trata de una medida pensada para instalaciones conectadas a la red eléctrica, por lo que no alcanza a zonas rurales o aisladas sin acceso al sistema. Por otro, señaló que la implementación práctica dependerá de que se superen trabas legales y burocráticas que, en muchos municipios bonaerenses, han dificultado hasta ahora la colocación de medidores bidireccionales y la efectiva inyección de excedentes a la red.
Una herramienta para la transición energética
En conjunto, la habilitación de la Generación Distribuida Comunitaria representa una herramienta estratégica para avanzar en la transición energética de la provincia de Buenos Aires. Al promover la participación colectiva, reducir barreras económicas y fortalecer los incentivos fiscales, la medida apunta a expandir el uso de energías renovables, diversificar la matriz eléctrica y fomentar una relación más activa de los usuarios con el sistema energético. Su impacto final dependerá, en gran medida, de la agilidad administrativa y de la capacidad de las distribuidoras y organismos de control para acompañar el despliegue de estos nuevos proyectos comunitarios.