El último informe de la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR) muestra un escenario de expectativas renovadas en el mercado inmobiliario rural, aunque todavía atravesado por cautelas y desajustes entre oferta y demanda.
En noviembre, el Índice de Actividad del Mercado Inmobiliario Rural (InCAIR) alcanzó los 50,57 puntos, un nivel que refleja un clima de mayor interés y consultas respecto de meses anteriores, impulsado principalmente por la percepción de un cambio en el rumbo político y económico del país.
Según explicó Abel Real, presidente de la CAIR, el contexto político actual estaría generando un tipo de confianza diferente al que predominaba anteriormente. La expectativa de reglas más claras y previsibles, especialmente en materia impositiva y laboral, parece estar influyendo de manera directa en las decisiones de los inversores. En este marco, muchos compradores vuelven a mirar al campo como una alternativa para transformar activos financieros o inmobiliarios en tierra, considerada históricamente un resguardo de valor en la Argentina.
No obstante, el informe también revela que, pese a este clima favorable, la actividad cayó alrededor de un 10,5% respecto de octubre. Esta baja no responde a una retracción de la demanda, sino más bien a una menor oferta de nuevos campos a la venta. De acuerdo con Real, muchos propietarios prefieren esperar antes de salir al mercado, apostando a una posible suba adicional de los precios o postergando la decisión de venta para maximizar el valor del activo en el mediano plazo. En un mercado donde la tierra es un bien finito —no reproducible y sujeto a decisiones individuales—, la oferta suele reaccionar con mayor lentitud frente a los cambios de expectativas.
En cuanto a la demanda, el comportamiento es relativamente estable. Se mantienen firmes las consultas por campos agrícolas y mixtos, que continúan siendo los más buscados por su potencial productivo y su capacidad de generar renta. Al mismo tiempo, se observan señales de mayor movimiento en campos ganaderos y en zonas marginales, lo que podría interpretarse como una ampliación del interés hacia alternativas con valores de ingreso más bajos o con potencial de mejora a futuro.
Los niveles de consultas y revisaciones, indicadores clave para anticipar operaciones concretas, se mantuvieron constantes respecto del mes anterior. Esto sugiere que el interés existe, pero que la concreción de las operaciones sigue encontrando obstáculos. El principal de ellos, según la CAIR, es la brecha entre el valor que pretende el vendedor y el precio que el comprador está dispuesto a convalidar. Los compradores suelen basar su decisión en una evaluación clara de la renta de la tierra y del retorno esperado de la inversión. En cambio, muchos vendedores solicitan un plus sobre el valor del campo —generalmente entre un 10% y un 15%, o incluso más—, lo que dificulta cerrar acuerdos cuando ese precio no se alinea con la rentabilidad real del activo.
Un dato adicional relevante es el fuerte crecimiento de la demanda de alquileres rurales registrado después de las elecciones. Este fenómeno puede interpretarse como una estrategia de cautela por parte de productores e inversores que, ante un contexto de transición y expectativas de cambio, prefieren arrendar tierras antes que comprometerse con una compra definitiva. El aumento en los alquileres también funciona como un termómetro del mercado, mostrando que la actividad productiva sigue en movimiento aun cuando las operaciones de compra-venta avanzan con mayor lentitud.
Finalmente, el InCAIR, que se elabora desde 2013, continúa siendo una referencia clave para entender la dinámica del mercado inmobiliario rural argentino. Al medir exclusivamente el nivel de actividad —sin considerar los precios—, permite observar con mayor claridad los cambios en el interés, las expectativas y el comportamiento de los distintos actores del sector. En este sentido, el nivel alcanzado en noviembre refleja un mercado expectante, con señales de reactivación, pero todavía condicionado por la cautela de los propietarios y por la necesidad de que las expectativas de precios se ajusten a la realidad productiva de la tierra.