El proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno argentino constituye un cambio estructural en el régimen de contratación y organización del trabajo rural. La propuesta se integra dentro de la denominada Ley de Promoción de Inversiones y Empleo y plantea un rediseño del marco normativo agrario actualmente regido por la Ley 26.727.
Modificaciones en la jornada laboral
Uno de los elementos centrales es la creación de una “Jornada Laboral Alternativa”, que permitiría distribuir hasta 48 horas semanales en jornadas de hasta 12 horas diarias. Esto habilitaría esquemas laborales más flexibles, con menos días de trabajo por semana, orientados a actividades con alta estacionalidad, tales como cosechas, labores intensivas de postcosecha o tareas específicas en economías regionales. La iniciativa argumenta que el nuevo esquema facilitaría una respuesta más eficiente a los picos de demanda productiva y reduciría costos organizativos para empleadores.
No obstante, sectores gremiales han manifestado preocupación por un posible incremento en la accidentalidad, la fatiga laboral y la pérdida del concepto tradicional de límite diario como herramienta de protección de la salud del trabajador.
Redefinición de la responsabilidad empresarial
El proyecto modifica el artículo 12 de la Ley de Trabajo Agrario, atenuando la responsabilidad solidaria entre empleadores directos, contratistas y titulares de inmuebles rurales. Cada trabajador quedaría vinculado exclusivamente a quien registre la relación laboral en los términos legales, mientras que la empresa usuaria solamente respondería por las obligaciones derivadas del tiempo efectivo en que se haya beneficiado de la prestación de servicios.
Asimismo, los propietarios que arrienden tierras sin desarrollar actividad productiva quedarían excluidos de cualquier responsabilidad solidaria. Esta medida, avalada por entidades empresarias, pretende disminuir litigiosidad y costos derivados de reclamos laborales, aunque sindicatos señalan que podría dificultar la búsqueda de garantías patrimoniales en casos de incumplimiento.
Compatibilización de empleo registrado y planes sociales
El proyecto incorpora herramientas para permitir que trabajadores rurales mantengan determinados beneficios sociales al ingresar a la economía formal, con el propósito de alentar la registración y el arraigo laboral en zonas rurales. La iniciativa apunta a combatir la informalidad estructural que afecta a un porcentaje significativo del empleo agrario, especialmente en actividades temporales.
Reacciones y perspectivas
Organizaciones rurales y cámaras empresarias destacan que las reformas pueden mejorar la competitividad, promover inversiones y simplificar trámites administrativos. Consideran que el nuevo régimen favorecería la previsibilidad para el empleador y el crecimiento de sectores clave en las economías regionales.
Por su parte, los gremios y defensores de derechos laborales advierten riesgos de precarización. Sostienen que la flexibilización en jornada y responsabilidad empresarial podría debilitar la protección histórica que el derecho del trabajo brinda a los trabajadores agrarios, quienes suelen enfrentar condiciones adversas, movilidad estacional y menor presencia de organismos de control.
Conclusión
La reforma propuesta abre un debate relevante sobre la necesidad de modernizar el régimen laboral agrario para promover eficiencia y formalización, sin desarticular principios fundamentales de tutela laboral. Su tramitación legislativa y eventual implementación requerirán un equilibrio entre competitividad productiva y garantías para los trabajadores que sostienen una de las actividades económicas más estratégicas del país.