El cierre del Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO) ha generado una gran controversia en Argentina.
Según el gobierno, el FRAO, que manejaba 3.000 millones de pesos al año, operaba sin la debida transparencia y no mostró mejoras en el sector desde su creación. Esta decisión se enmarca en un ajuste más amplio que incluye la eliminación de fideicomisos y subsidios considerados discrecionales.
Los productores del sur, como la Federación de Sociedades Rurales de Chubut, y del norte, como la Sociedad Rural Ovina Caprina Equina y Porcina de Misiones, han cuestionado tanto el monto mencionado por el gobierno como la supuesta falta de transparencia del fondo. Argumentan que el FRAO ha sido crucial para el sector, especialmente en regiones afectadas por crisis climáticas y desafíos económicos.
Además, se han presentado proyectos de comunicación en el Senado para reconsiderar la medida, destacando los impactos negativos en el financiamiento y desarrollo de la ganadería ovina. Los senadores critican los recortes presupuestarios y las modificaciones recientes a la Ley Ovina, considerándolos perjudiciales para la sostenibilidad de la producción y el equilibrio socioeconómico de las regiones afectadas.
En resumen, la decisión del gobierno está generando un intenso debate sobre la eficacia y la necesidad del FRAO, así como sobre el impacto de su eliminación en los productores ovinos de diferentes regiones del país.