El conflicto entre la cooperativa láctea SanCor y su sindicato de trabajadores, ATILRA, ha alcanzado un punto crítico con la imputación de ocho empleados de la planta de Sunchales por presuntas amenazas, entre otros cargos. Esta acción legal se suma a una serie de denuncias y acciones que han marcado los últimos meses de tensión laboral.
La Fiscalía Regional N°5 de Rafaela, representada por el fiscal Juan Manuel Puig, ha formalizado las acusaciones contra los empleados de SanCor, que también incluyen cargos por "usurpación por turbación de la posesión" y "amenazas coactivas". Estas imputaciones se dan en el contexto de denuncias previas realizadas por la propia cooperativa contra miembros del sindicato por bloquear las plantas de producción.
El conflicto ha generado protestas y bloqueos que han afectado significativamente la producción y comercialización de los productos lácteos de SanCor. En respuesta, el gobierno provincial ha enviado fuerzas policiales para garantizar el normal funcionamiento de la empresa y el derecho al trabajo de los empleados, aunque esto ha sido criticado por el sindicato como una "escalada de intimidación".
Además de estas tensiones laborales, surgen nuevas acusaciones contra el directorio de SanCor por presuntas maniobras fraudulentas y estafa, relacionadas con un fideicomiso en el Banco Bice. El sindicato sospecha que estas acciones han desviado fondos fuera de la empresa, lo que pone en riesgo a los acreedores y agrava la situación financiera ya crítica de la cooperativa.
En medio de estas disputas, la incertidumbre sobre el futuro de SanCor y el bienestar de sus trabajadores persiste. Las autoridades judiciales y gubernamentales continúan interviniendo para buscar soluciones y evitar un mayor deterioro en el sector lácteo, pero el camino hacia la resolución del conflicto parece complejo y lleno de desafíos.