La situación de los productores de frutales en el estado de Washington atraviesa un momento crítico, marcado por una combinación de escasez de mano de obra, aumento sostenido de los costos laborales y un marco regulatorio que, si bien busca proteger a los trabajadores, está poniendo en jaque la viabilidad económica de muchas explotaciones agrícolas.
Según datos del Censo Agrícola del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), entre 2017 y 2022 el estado de Washington perdió aproximadamente 3.700 explotaciones agrícolas. Dentro de ese total, el sector frutícola fue uno de los más afectados: el número de explotaciones con producción de frutas cayó un 15 %. Representantes del sector advierten que esta tendencia no solo no se revirtió, sino que se profundizó en los años posteriores, impulsando a muchos productores a abandonar la actividad o a reducir drásticamente sus superficies cultivadas.
Washington se caracteriza por una agricultura de cultivos especializados y de alto valor agregado, como manzanas, peras y cerezas, que requieren una gran cantidad de mano de obra en tareas como poda, raleo y cosecha. A diferencia de otros cultivos extensivos, estos sistemas productivos dependen en gran medida del trabajo humano, lo que los hace especialmente sensibles a cualquier variación en los costos laborales.
Uno de los factores centrales detrás de esta crisis es el aumento del costo de la mano de obra, en gran parte asociado al programa federal de trabajadores temporales H-2A. Desde 2013, los costos laborales necesarios para cultivar y cosechar una hectárea de manzanas en Washington se incrementaron de forma pronunciada. Sin embargo, los ingresos por hectárea no acompañaron ese crecimiento: durante el mismo período, los ingresos agrícolas apenas registraron un aumento leve, insuficiente para compensar el alza de los costos.
En 2013, la mano de obra representaba, en promedio, el 37 % de los ingresos obtenidos por los productores a partir de la venta de fruta. Para la temporada 2023, la situación se tornó insostenible: los costos laborales alcanzaron el 108 % de la rentabilidad, lo que implica que los productores gastaron más dinero en salarios que lo que lograron ingresar por la comercialización de su producción, incluso antes de considerar otros insumos clave como combustible, fertilizantes, agroquímicos o mantenimiento de maquinaria.
El uso del programa H-2A se expandió de manera significativa en los últimos años. Entre 2017 y 2025, el número de trabajadores con visa H-2A empleados en Washington se duplicó con creces, pasando de unos 18.800 a más de 38.700. Esta expansión refleja la dificultad creciente para encontrar mano de obra local. El empleo agrícola en el estado es altamente estacional, con unos 65.000 trabajadores durante el invierno y picos cercanos a los 145.000 en plena cosecha. Las fuentes tradicionales de trabajadores locales se han ido reduciendo, ya sea por jubilaciones o porque cada vez menos trabajadores estadounidenses están dispuestos a incorporarse a empleos agrícolas intensivos en trabajo físico.
El programa H-2A impone obligaciones estrictas a los productores. Entre ellas, contratar primero a trabajadores nacionales disponibles, pagar la Tasa Salarial de Efecto Adverso (AEWR o TAEWR) y garantizar condiciones laborales equivalentes para trabajadores extranjeros y nacionales. En 2025, el TAEWR se fijó en US$19,82 por hora, aproximadamente un 19 % por encima del salario mínimo vigente en el estado de Washington. A esto se suma la obligación de proporcionar alojamiento, transporte y otros beneficios, no solo a los trabajadores H-2A, sino también a los trabajadores nacionales que resulten elegibles.
Los costos laborales no salariales crecieron de manera explosiva. En 2024, los productores de manzanas de Washington afrontaron costos promedio de unos US$1.312 por hectárea en conceptos no salariales, lo que representa un aumento cercano al 500 % en comparación con 2013. Estos gastos incluyen alojamiento, transporte, seguros, trámites administrativos y cumplimiento normativo.
A pesar de que el programa H-2A exige priorizar la contratación de trabajadores nacionales, la participación doméstica sigue siendo mínima. En el año fiscal 2025, apenas 32 trabajadores nacionales solicitaron ocupar cerca de 38.700 puestos disponibles bajo el programa, lo que refuerza el argumento de los productores de que la escasez de mano de obra local es estructural y no coyuntural.
En este contexto, en octubre el Departamento de Trabajo de Estados Unidos introdujo una Norma Final Provisional que modifica el cálculo del AEWR. La nueva metodología reemplaza una encuesta del USDA por datos de la Oficina de Estadísticas Laborales, incorpora una diferenciación salarial basada en habilidades y ajusta los salarios H-2A para reflejar los costos de vivienda que enfrentan los trabajadores domésticos, tomando como referencia los alquileres justos de mercado. Si bien los productores reconocen que esta norma corrige parcialmente algunos desequilibrios, sostienen que no alcanza para revertir la crisis de fondo.
Representantes del sector advierten que, sin reformas legislativas más amplias y profundas, la producción frutícola en Washington podría seguir disminuyendo. Esto no solo afectaría a las economías regionales y al empleo rural, sino que también incrementaría la dependencia de importaciones provenientes de países o regiones con estándares laborales más bajos, lo que podría generar efectos adversos tanto económicos como sociales a largo plazo.