Las inundaciones que afectaron al partido bonaerense de 9 de Julio desde principios de febrero generaron un impacto profundo y multidimensional sobre la economía regional, la producción agropecuaria y la estructura social del distrito.
El informe elaborado en conjunto por la Sociedad Rural de 9 de Julio, la Agencia de Extensión Rural del INTA, el Círculo de Ingenieros Agrónomos y la Regional Aapresid 9 de Julio–Casares aporta una radiografía precisa de la gravedad de la situación y de sus proyecciones para los próximos meses.
Una pérdida productiva sin precedentes
El distrito cuenta con 400.000 hectáreas destinadas a actividades agropecuarias: 250.000 agrícolas y 150.000 ganaderas. De ese total dependen aproximadamente 3.000 actores de la cadena productiva, entre productores, contratistas, transportistas, proveedores de insumos y trabajadores rurales. Sin embargo, las inundaciones dejaron fuera de producción a 141.500 hectáreas agrícolas y 85.000 ganaderas, lo que equivale a una retracción del 42% de la superficie productiva total.
Esta reducción severa del área útil provocó un recorte estimado de 700.000 toneladas de granos, un volumen perdido que repercute directamente en la economía del partido y en los mercados regionales. La merma no solo afecta a cultivos tradicionales como soja, maíz y trigo, sino también a las rotaciones y a la estructura futura de los sistemas productivos, que deberán reorganizarse tras un ciclo marcado por anegamientos prolongados y suelos degradados.
Impacto económico: caída de ingresos y efecto dominó
Antes del evento climático, la facturación esperada del sector agropecuario local alcanzaba los 283,7 millones de dólares. Sin embargo, la persistencia del agua y el deterioro de las condiciones productivas redujeron ese monto a 169,7 millones, lo que implica una pérdida directa de 113,9 millones de dólares.
El informe utiliza distintas equivalencias para ilustrar la magnitud del impacto social y económico. La pérdida equivale a:
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4.665 autos Toyota Yaris que dejaron de venderse.
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18 millones de bolsas de cemento no comercializadas.
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115.706 sueldos promedio del distrito que no se generaron.
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17.223 viajes de camiones al puerto que se frenaron, afectando transportistas, proveedores de combustible, talleres mecánicos y servicios asociados.
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30,4 millones de dólares menos en recaudación por retenciones, una baja que también repercute en el financiamiento nacional.
Estos números evidencian un claro efecto multiplicador negativo: cuando el sector agropecuario se detiene, toda la economía del distrito —comercio, servicios, industria y logística— experimenta un freno simultáneo. Lo que se ve afectado no es solo la producción, sino también la circulación de dinero, la demanda de servicios y el empleo indirecto.
Consecuencias sociales y laborales
La reducción drástica de la actividad productiva implica menos trabajo para contratistas rurales, menor demanda de tareas de cosecha y siembra, y recortes en el uso de maquinaria agrícola. Esto afecta directamente a mecánicos, estaciones de servicio, empresas de insumos, transportistas y comercios locales. La pérdida estimada de más de 115.000 sueldos equivalentes refleja la dimensión humana de la catástrofe.
Además, las inundaciones comprometen la continuidad de proyectos de inversión y planes de manejo que los productores llevaban adelante, generando incertidumbre y mayor vulnerabilidad financiera, en particular para pequeños y medianos establecimientos.
La infraestructura hídrica como eje estratégico
Las entidades que elaboraron el informe coinciden en que el evento no debe interpretarse solo como un fenómeno climático aislado, sino como un síntoma de problemas estructurales: falta de obras hídricas, canales insuficientes, drenajes colapsados y ausencia de planificación territorial integral.
Actualmente, muchos de los caminos rurales y accesos a campos se encuentran deteriorados o intransitables, dificultando tanto las tareas agropecuarias como la movilidad de las familias rurales. La infraestructura hídrica del distrito —que incluye canales, alcantarillas, rutas y drenajes naturales— requiere una actualización profunda y sostenida.
El documento subraya la urgencia de avanzar en:
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Sistemas de drenaje y canalización planificados a escala regional
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Mantenimiento sostenido de caminos rurales
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Obras que disminuyan el tiempo de permanencia del agua sobre el suelo
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Políticas de largo plazo que integren producción, ambiente y ordenamiento territorial
La recurrencia de eventos extremos, asociados al cambio climático, obliga a adoptar una perspectiva preventiva en lugar de reactiva. Las inundaciones no solo afectan la producción de un año, sino que comprometen la capacidad del suelo para la campaña siguiente, retrasan la recuperación económica y erosionan la resiliencia del sistema productivo local.
Un llamado a la acción
El impacto de las inundaciones en 9 de Julio se traduce en pérdidas económicas cuantiosas, daños irreversibles sobre parte de la producción y una afectación social significativa. Pero también representa una oportunidad para reabrir el debate sobre la infraestructura hídrica, la planificación a largo plazo y la necesidad de políticas públicas que protejan tanto a los productores como a las economías regionales.
Sin inversiones adecuadas, advierten las entidades, el costo seguirá recayendo una y otra vez sobre la producción, el empleo y la vida cotidiana de las comunidades rurales. El desafío hoy es transformar este diagnóstico en un plan de acción concreto que permita mitigar futuros eventos y fortalecer la sustentabilidad del territorio.