Un reciente estudio encendió una señal de alerta sobre el rumbo de la innovación agrícola en Argentina: en los últimos 20 años, el país perdió más de la mitad de la participación de inversores extranjeros en las solicitudes de registro de nuevas variedades de semillas.
El dato no es menor y revela un problema estructural que va mucho más allá de una estadística puntual: pone en cuestión la capacidad del país para sostener su liderazgo histórico como potencia agroindustrial.
Argentina cuenta con ventajas naturales excepcionales —clima, suelos, conocimiento técnico y una larga tradición productiva—, pero corre el riesgo de quedar rezagada frente a competidores que avanzan con marcos regulatorios modernos y previsibles. Esta es una de las principales conclusiones del libro “Innovación en el agro argentino. La política económica de los derechos de propiedad intelectual en semillas”, escrito por Andrés Gallo, profesor del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Empresariales de Rosario de la Universidad Austral.
El trabajo señala que el país sigue rigiéndose por una Ley de Semillas sancionada en 1973 y adherida al convenio internacional UPOV-78, un esquema que hoy resulta obsoleto frente a los estándares internacionales actuales. Esta falta de actualización legal desalienta la inversión en nuevas tecnologías, especialmente por parte de empresas extranjeras que requieren reglas claras y protección efectiva de la propiedad intelectual para justificar inversiones de largo plazo.
Los números son contundentes: entre 1999 y 2021, la participación de empresas extranjeras en las solicitudes de nuevas variedades vegetales en Argentina cayó del 59% al 25,4%. Esto implica una reducción superior al 56%, una pérdida de atractivo muy significativa en apenas dos décadas. En contraste, otros países de la región y del mundo siguieron el camino opuesto. Brasil, por ejemplo, pasó del 9,9% al 41,2% en el mismo período, apoyado en un sistema más moderno y previsible. Estados Unidos, por su parte, se mantuvo estable con niveles cercanos al 53%, respaldado por un fuerte régimen de patentes y protección integral de la innovación.
Este escenario refleja una tendencia clara: mientras Argentina se mantiene con reglas del pasado, sus competidores fortalecen marcos institucionales que brindan seguridad jurídica y estimulan la inversión en investigación y desarrollo. El resultado es una migración gradual de la innovación hacia países que ofrecen mejores condiciones para el desarrollo de nuevas semillas, biotecnología y genética vegetal.
¿Por qué es tan relevante este tema? Porque la innovación en semillas es uno de los pilares fundamentales del aumento de la productividad agrícola. Nuevas variedades permiten mayores rindes, mejor adaptación al cambio climático, resistencia a plagas y enfermedades, y un uso más eficiente de los recursos. Sin innovación no hay productividad, y sin productividad es imposible sostener la competitividad en los mercados internacionales.
Según Gallo, “Argentina tenía un liderazgo en innovación, pero lo fue perdiendo. Las empresas temen invertir porque no hay derechos de propiedad bien establecidos”. Esta incertidumbre no solo afecta a las grandes multinacionales, sino también a semilleros locales, startups tecnológicas y al ecosistema científico-productivo en su conjunto, que ve limitadas sus posibilidades de escalar desarrollos y asociarse con capital internacional.
Mientras Estados Unidos ofrece un sistema robusto de patentes y Brasil consolida reglas claras que incentivan la inversión, Argentina se estanca. La falta de modernización legal no es un problema técnico menor, sino una barrera estructural que frena el desarrollo tecnológico, la generación de empleo calificado y la incorporación de valor agregado en el agro.
Actualizar la ley de semillas y adecuarla a los estándares internacionales actuales no implica resignar soberanía ni perjudicar a los productores, sino todo lo contrario: es una herramienta clave para atraer inversiones, fortalecer la innovación local, integrar ciencia y producción, y asegurar que Argentina siga siendo un actor relevante en el mercado global de alimentos. En un mundo cada vez más competitivo y demandante, la modernización del marco legal se vuelve una condición indispensable para que el agro argentino no quede anclado en el pasado.