La situación que atraviesa SanCor vuelve a poner en el centro de la escena a la relación, cada vez más conflictiva, entre la cooperativa láctea y el gremio que nuclea a los trabajadores de la industria, Atilra.
Lo que se vio en la asamblea extraordinaria del último fin de semana en el Centro Educativo Tecnológico no es un hecho aislado: se trata de un nuevo capítulo en una larga disputa por el control de la empresa y, sobre todo, por el futuro de su estructura productiva y laboral.
La presencia de Héctor Ponce, secretario general de Atilra, fue decisiva. Recién reelecto hasta 2029, Ponce hizo valer la disciplina gremial y consiguió que los delegados levantaran la mano para refrendar una resolución contundente: pedir la quiebra de SanCor. Desde el gremio lo presentaron como un pedido “unánime y aclamado por los trabajadores”, aunque en la práctica muchos de los empleados activos y despedidos manifiestan más dudas que certezas, ya que la quiebra aparece como una salida riesgosa y de consecuencias inciertas.
El sindicato fundamenta su postura en la enorme deuda que arrastra la cooperativa. No sólo se trata de los $69.000 millones reconocidos en concepto de pasivos laborales históricos, sino también de los salarios impagos de abril a agosto de 2025, incluido el aguinaldo, más los aportes y contribuciones que no fueron transferidos a Ospil (obra social), Ampil (mutual) y la propia Atilra. En apenas cinco meses, esa deuda de origen laboral superó los $14.000 millones, lo que le otorga al gremio un fuerte argumento en términos legales y sociales.
La sindicatura, designada por el juzgado de Rafaela, explicó recientemente que la estructura de SanCor se encuentra fuertemente tensionada: paga salarios a cientos de trabajadores que permanecen en “Jornadas Libres”, es decir, perciben el 75% de sus haberes sin cumplir tareas efectivas. Este esquema, vigente desde 2017, fue clave para evitar despidos masivos, pero hoy constituye un lastre difícil de sostener en un contexto de ingresos limitados.
Atilra insiste en que su propuesta no busca un cierre definitivo, sino la “quiebra con continuidad”, es decir, un proceso judicial que habilite la continuidad de la producción mientras se buscan inversores o se constituye una cooperativa de trabajo bajo control sindical. Esta opción recuerda al fideicomiso que en su momento se intentó armar con fondos públicos, y que también generó críticas por el nivel de influencia política y gremial en la gestión de la empresa. El verdadero objetivo, según señalan analistas y trabajadores críticos, sería que Ponce logre el control directo del destino de SanCor, garantizando su poder sindical y su proyección política.
En paralelo, la justicia mantiene una postura prudente. El juez Guillermo Vales, a cargo del concurso de acreedores, ha dejado claro que no firmará una quiebra si no se exploran antes alternativas viables de reestructuración. En su resolución inicial destacó el rol social de SanCor: una cooperativa que no sólo produce alimentos de primera necesidad, sino que además sostiene empleo directo e indirecto en una amplia región del país. Su mirada apunta a preservar la empresa como activo productivo y social, en lugar de empujarla a una liquidación con efectos devastadores para las comunidades.
Mientras tanto, la cooperativa sigue operando en condiciones limitadas, enfocándose en productos estratégicos como manteca, crema, quesos y leche en polvo, muchos de ellos elaborados a fasón para terceros. Esta modalidad le permite generar ingresos, aunque no en la magnitud necesaria para regularizar salarios y deudas. La falta de previsibilidad financiera y la presión gremial complican cualquier intento de normalización.
La paradoja es clara: SanCor sigue a flote, sosteniendo producción y mercado, pero cercada por tensiones internas, deudas crecientes y un sindicato que busca forzar un desenlace en los tribunales. En este escenario, la cooperativa se debate entre el desgaste de un proceso judicial interminable y la amenaza de una intervención sindical que podría alterar su naturaleza original.
El desenlace dependerá de la capacidad de las partes de encontrar un punto de equilibrio entre intereses gremiales, judiciales, empresariales y comunitarios. Lo que está en juego no es solo la continuidad de una empresa emblemática del sector lácteo, sino también el destino de miles de familias que dependen de su funcionamiento y la preservación de un actor histórico en la producción de alimentos en Argentina.